El concejal de Economía, Fernando Rivarés, aseguró ayer que el documento suscrito en 2013 entre el Ayuntamiento y el Parque de Atracciones, mediante el cual la contrata asumía la concesión de la navegación fluvial "a su riesgo y ventura" y sin indemnización posible por pérdidas en la explotación, carece de "valor jurídico" porque es un "acta de reunión entre dos partes". Esta interpretación, que estaría sustentada por los letrados municipales, choca con la opinión de expertos juristas consultados por este medio, que le confieren validez por ser de carácter ejecutivo sobre el contrato de referencia.

Estas fuentes consultadas aseguran que mediante este acta se fijan las condiciones de la concesión y que, además, está firmada por el entonces concejal de Cultura, Jerónimo Blasco, en representación del Ayuntamiento. Asimismo, las fuentes añaden que fue incorporado a un acuerdo de Gobierno.

Rivarés, en todo caso, sostiene que este documento no se ha incluido en el expediente de rescisión del contrato con la concesionaria de la navegación fluvial al tratarse de "cosas distintas" y "no comprometer a nada", y que los servicios jurídicos "lo conocían". Además, el edil adujo ayer que la fórmula que se empleó para incluir este documento en el expediente de cesión a la nueva contrata, un "quedar enterado", le quita ese valor, pese a estar incluido en un acuerdo.

A instancias del Ayuntamiento

El edil de Economía, asimismo, reconoció que el motivo de la rescisión del contrato estriba en que el actual Gobierno se niega a hacer trabajo alguno en el río "por interés público". Sin embargo, hay que tener en cuenta que, precisamente, el documento firmado por Jerónimo Blasco ya advertía de que no se podrían hacer dragados y que habría que emplear el cauce de las embarcaciones de salvamento. En este sentido, Rivarés afirma que este acuerdo "nunca se cumplió" en este punto "hasta que llegó ZEC", ya que hasta 2015 ?se han hecho "limpiezas de cauce y adecuación de riberas, que es lo mismo".

En cuanto a las inversiones, materia por la cual la contrata ha motivado la rescisión de mutuo acuerdo cifrado en 300.000 euros, el "acta" ejecutiva de 2013 señalaba que "no quedan inversiones pendientes de ejecutar". A este respecto, Rivarés sostiene que Jerónimo Blasco "no era quién para tomar esos acuerdos".

Desde el equipo de Gobierno, por tanto, se mantiene como válido el acuerdo de rescisión aprobado esta semana.