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El juez pide a Apudepa que ingrese un millón de euros para paralizar el derribo de Averly

El magistrado pide a Apudepa que ingrese un millón de euros para hacer efectiva la medida cautelar de suspensión. Entre tanto se podrá continuar con las tareas de demolición.

Las máquinas trabajan en las naves no catalogadas desde primera hora de la mañana.
Las máquinas trabajan en las naves no catalogadas desde primera hora de la mañana.

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Zaragoza, en un auto dictado

este jueves, ha estimado la medida cautelar de paralización del derribo de la Factoría Averly en la parte no protegida, según informa el TSJA en una nota.

El TSJA explica que el magistrado ha impuesto la Asociación AcciónPública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, conocida como APUDEPA, una caución previa de un millón de euros para hacer efectiva la medida cautelar.

El auto sigue los criterios que ya fijó hace dos años el Tribunal Superior de

Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-administrativo) en otro

procedimiento instado por Apudepa sobre un acto administrativo del

Gobierno de Aragón. Dicha caución finalmente no fue ingresada, por lo que

aquella medida no llegó a surtir efecto.

El pasado día 21 de julio se formuló una medida cautelarísima por parte de

dicha entidad, una vez iniciados los trabajos de demolición, que el Juzgado

de Instrucción nº 11 de Zaragoza no tramitó, por falta de competencia, y que

el propio Juzgado Contencioso-administrativo nº 3 de Zaragoza no tramitó

sin oír al Ayuntamiento y a Neurbe Promociones L., titular de la licencia

de demolición.

El día 27 de julio se celebró la comparecencia para oír a las partes, en la que

Apudepa instaba la paralización del derribo sin ningún tipo de caución y

Neurbe se oponía a la medida cautelar, aunque de forma subsidiaria instaba

la fijación de la caución.

En el auto se indica, citando al Tribunal Superior, que la no adopción de

medidas cautelares, por el tiempo que habrá de transcurrir hasta que se dicte

sentencia, producirá una situación irreversible por la demolición de los

edificios, lo que justifica la estimación de la medida cautelar. También se

señala que nuestro Ordenamiento Jurídico no impone al titular de la licencia

de demolición soportar los perjuicios derivados de la paralización del derribo.

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