La empresa Autobuses Urbanos de Zaragoza (Auzsa) ha anunciado que recurrirá la decisión que tomó el gobierno municipal el pasado mes de marzo de no abonar los 3 millones de euros correspondientes a los 153 despidos de la contrata del transporte público (entonces Tuzsa) en agosto de 2013. La decisión de pagar las indemnizaciones de los trabajadores del autobús fue tomada por el anterior gobierno municipal del PSOE apenas tres días antes de que Pedro Santisteve fuese investido como alcalde.

El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, dijo que, tras encontrar facturas relacionadas con el pago de estos despidos, ZEC decidió declarar la lesividad para que fuese un juez quien decidiese si se debían abonar esos cargos.

Auzsa ha argumentado en su recurso, según Cubero, que esa decisión no le corresponde tomarla al gobierno, sino a pleno municipal. El consejero afirmó que "contraargumentarán que sí es competencia del gobierno" e indicó que tienen un plazo de cuatro año (hasta junio de 2019) para llevar esa decisión ante el pleno. Los 3 millones corresponden a las indemnizaciones de los despidos (2,1), más los gastos de preaviso y los abogados.

Por otra parte, la concejal de Movilidad, Teresa Artigas, advirtió de que el juzgado ha admitido a trámite otro recurso de la empresa Auzsa sobre las sanciones anunciadas por el equipo de gobierno por no sacar a concurso público las auditorías de las cuentas de los años 2013 y 2014. Artigas afirmó que este punto está recogido en el contrato que firmaron el Consistorio y la empresa. "No entendemos por qué la Auzsa no saca sus cuentas a auditoría pública", criticó la edil de ZEC, que tambien aseguró que seguirán "esforzándose para garantizar la transparencia de las grandes contratas que trabajan con el Ayuntamiento de Zaragoza".