La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza, Beatriz Muñoz, interrogó este miércoles en calidad de investigado al director-gerente de Ecociudad, Miguel Ángel Portero, por la presunta comisión de un delito de falsedad documental. No fue el único en declarar, ya que la juez también citó al jefe de planta, a tres responsables de áreas técnicas de la empresa y al delegado de la sociedad Drace Infraestructuras. La apertura de diligencias a estas seis personas se deriva de la visita que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, cursó en mayo a la Fiscalía Provincial, y en la que hizo entrega de un expediente que ponía de manifiesto la supuesta falsificación del acta de una reunión con el objetivo de justificar la no ejecución de unas obras en la depuradora de La Almozara.

Cuando presentó su oferta para gestionar la depuradora, Drace se comprometió a invertir en las instalaciones 220.000 euros. Sin embargo, una vez firmado el contrato, se decidió que aquellas obras no eran las más adecuadas y nunca se llegaron a ejecutar. El Gobierno de ZEC supo de estos hechos en octubre de 2015, cuando dos de sus concejales (Alberto Cubero y Teresa Artigas) hicieron una visita a la planta de La Almozara y comprobaron que las mejoras que Drace había prometido no estaban hechas.

El gerente de la sociedad, Miguel Ángel Portero, dijo a los ediles que aquellas obras se habían cambiado meses antes, concretamente en abril, por otras valoradas en la misma cantidad. Pero el equipo de Gobierno tenía dudas sobre el documento que daba fe de la sustitución de unos trabajos por otros y acabó llevando el asunto a la Fiscalía.

Al examinar la documentación aportada por Santisteve, el ministerio público apreció indicios de delito, por lo que formuló denuncia en los juzgados contra el director-gerente de Ecociudad y los otros cinco encausados. Según ha podido saber HERALDO, en el informe que el alcalde trasladó a la Fiscalía Provincial el jefe de planta venía a reconocer que la reunión en la que se había decidido cambiar de destino los 220.000 euros nunca se había celebrado. Sin embargo, este empleado, ahora imputado, sorprendió ayer a la juez al manifestar que, en realidad, le habían malinterpretado. De hecho, aseguró que dicho encuentro se celebró y él estuvo presente. Es más, su firma figura junto con la del resto de asistentes en el acta bajo sospecha.Aportarán documentación

Las declaraciones de los investigados se prolongaron durante toda la mañana. Y, uno tras otro, los seis coincidieron en el día, el lugar y la hora en que se celebró la controvertida reunión el pasado 9 de abril. Algunos de los participantes, ahora encausados, tuvieron que desplazarse desde Madrid a Zaragoza, por lo que parece que van a aportar ‘emails’, billetes de tren y otros documentos que probarían la celebración de aquel encuentro.

Cuando fue interrogado por la juez, el director-gerente, Miguel Ángel Portero, explicó que él no estuvo presente en aquella reunión, aunque fue informado después de los acuerdos. El resto de investigados, que sí asistieron, aseguraron que, efectivamente, se decidió reorientar la inversión prevista. Eso sí, insistieron en que todos los trabajos y obras acordadas se ejecutaron y en que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha tenido ningún perjuicio económico.

Respecto a la fecha en que se redactó el acta de la reunión celebrada el 9 de abril de 2015, parece que aunque quedó constancia por escrito de los acuerdos, a esta no se le dio un carácter oficial hasta algún tiempo después, para ser presentada ante el consejo de Ecociudad cuando se reunió en octubre de 2015. Lo que todos los investigados niegan es que se manipulara el contenido o que con este documento se hayan intentado justificar trabajos no ejecutados.