El alcalde de Alhama de Aragón, José María Castejón (PAR), no ha conseguido que la Audiencia Provincial condene a su antecesor, Joaquín Antón (CHA), por una presunta contratación irregular, y encima acaba de llevarse una importante reprimenda por parte del tribunal, que le reprocha en su sentencia "un deliberado propósito de ocultar la realidad de los hechos". Mal puede acusarse al exregidor de un delito de malversación cuando no hay prueba de que hiciera un nombramiento de forma injusta o por capricho, dicen los magistrados. Porque, como recuerdan ahora al denunciante, Rosario A. M. –a la que este también sentó en el banquillo de los acusados y que igualmente ha sido absuelta– estaba incluida en las listas de interinos de la DGA y reunía todos los requisitos para ser promovida temporalmente del cargo de auxiliar administrativa al de secretaria municipal.

A través de su denuncia, José María Castejón intentaba probar que Joaquín Antón se conjuró con la acusada para falsear dos decretos y llevar a cabo el cuestionado nombramiento en 2011. Para este, los hechos eran tan graves que debía condenarse a los encausados a penas de prisión e inhabilitación. Sin embargo, la defensa, a cargo del letrado José Palacín, se presentó en el juicio con los dos decretos que la acusación particular decía que no existían. "No eran tan difíciles de encontrar, estaban en el libro de decretos y resoluciones del Ayuntamiento", manifestó entonces el abogado. Y lo cierto es que la prueba documental ha sido decisiva, ya que ha servido a la Sección Primera de la Audiencia para desmontar la tesis del actual alcalde y denunciante.

Pero el tribunal no se ha conformado con dictar una sentencia absolutoria y ha afeado su actitud a Castejón, quien echó a la empleada y tras una resolución del Supremo ha tenido que indemnizarle con 33.000 euros por despido improcedente. "Ese modo de proceder de la acusación particular, tan eficazmente selectivo en el manejo de los datos, ilustra sobre una actitud reflexiva, es decir, la concurrencia de un deliberado propósito de ocultar la realidad de los hechos", dice el tribunal. Pero los magistrados van incluso más allá: "Y todo, es patente, orientado a activar el funcionamiento de la jurisdicción penal, cuando no existía razón legal para ello".Castejón deberá pagar las costas

Convencida del interesado proceder del alcalde de Alhama y haciendo caso a lo que en el juicio solicitó la defensa, la Sala ha decidido imponer las costas del procedimiento a Castejón a título personal. Como cuestión previa al juicio, el abogado José Palacín preguntó a la acusación particular si la denuncia la había formulado el alcalde de forma particular o en nombre del Ayuntamiento. "Entiendo que tiene que ser a título personal, puesto que si no debería haber sido llevada al pleno y no fue así", indicó el letrado de la defensa. La parte denunciante confirmó entonces que Castejón había actuado por su cuenta, de ahí que ahora sea a él al que el tribunal reclame el abono de las costas.

Dejando entrever que por su forma de proceder el alcalde podría haber incurrido en un delito de falsa denuncia, los magistrados recuerdan a los acusados absueltos que "están en su derecho de ejercer las acciones legales que estimen pertinentes" contra el denunciante. Sobre esta cuestión, Palacín manifestaba ayer su intención de hacerlo. "Habiendo reconocido la Sala que todo ha sido una estratagema del señor Castejón para aparentar un delito contra mis clientes, se van a iniciar acciones legales contra él. E investigaremos con cargo a qué fondos se ha costeado este procedimiento, para que no sean los vecinos los paganos", señaló. La sentencia todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.