La están peinando y parece que tienen peores pelos y más remolinos de los esperados. Ayuntamiento y DGA continúan con sus reuniones técnicas para poner en marcha la ley de Capitalidad, que es seguro que no llegará en el primer semestre de este año –como se prometió en su día– y que los más desconfiados aseguran que se pospondrá hasta más allá de 2016.

El concejal Fernando Rivarés volvió a reunirse ayer con los portavoces de Economía de todos los grupos municipales y les entregó un calendario de próximos encuentros con la DGA en el que hay una fecha en rojo: el 22 de junio comenzará a abordarse el espinoso tema de la financiación y se irá poniendo cifras a las hipotéticas transferencias.

Enrevesado símil comarcal

Mientras PSOE y CHA expresaron su satisfacción por los avances experimentados en el debate, desde PP y C’s echan en falta que se empiece a debatir sobre la financiación y piden también más información sobre el proceso de participación que ahora reclama el Gobierno de Aragón. El responsable de las arcas municipales introdujo ayer un nuevo elemento de discusión con un símil para explicar cómo podrían calcularse los millones que debería recibir Zaragoza. Rivarés propuso acogerse al sistema de comarcas para el pago de las competencias (en función de la población y los servicios prestados), si bien esta sugerencia nada tiene que ver con la creación de la comarca 33, sino que "es una metodología para poder hacer la transferencia económica". Mientras María Navarro (PP) reclamó un estudio riguroso para ver cómo se abordaría competencia por competencia, Javier Trívez (PSOE) dijo que "es un sistema que podría ser tenido en cuenta".

"La posición del Gobierno es imbricarnos en el sistema de las comarcas", apuntó Rivarés, que considera que así la aportación que recibiría él Ayuntamiento sería "una cantidad razonable para ambas partes", aunque no aclaró si la ‘comarca’ estaría constituida solo por la capital o también por su entorno. Hasta la fecha ya se han celebrado nueve reuniones técnicas (en materia de sanidad, urbanismo y acción social, entre otras), en las que se ha trabajado "con un altísimo grado de acuerdo", según el edil de Economía.

Nada se ha dicho aún del dinero debe aportar la DGA a Zaragoza por las prestaciones que asume sin tener que hacerlo, si bien hay documentos e informes del entonces concejal de Economía Fernando Gimeno, al frente de la Hacienda de la DGA, que situaban la cifra en torno a 90 millones.