El Ayuntamiento tiene reclamaciones judiciales pendientes que suman 185 millones de euros

El Ayuntamiento de la capital aragonesa se enfrenta en estos momentos a un total de 463 reclamaciones judiciales pendientes por vía contenciosa, de las cuales 223 tienen una cuantía que podría llegar a 185 millones de euros. Ello no implica que el Consistorio tenga que hacer frente finalmente a esta cantidad y, de hecho, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, confía en que el montante será muy inferior, ya que espera que la Administración municipal salga airosa de muchos de estos pleitos.

Además de los mencionados 185 millones de euros que Rivarés calificó de "máximos" y que, precisó, "pueden cambiar semana a semana", existen otros 28 contenciosos con cuantía por determinar, por lo que la concejal del PP María Navarro se preguntó si, en realidad, esta cifra millonaria puede serlo "de mínimos" y verse incrementada por procedimientos que aún no tienen calculado un posible coste.

Rivarés dio a conocer estos datos en la comisión de Economía y Cultura celebrada ayer. A pregunta del PP, el edil de ZEC trasladó una información de la Asesoría Jurídica que hace referencia a todos los contenciosos que no son firmes, por lo cual en los mismos no se computan ni las recientes sentencias de Tuzsa ni la del Tiro Pichón, que emana del Supremo y el Gobierno se plantea llevarla al Constitucional.

Fuentes del área de Economía precisaron que dentro de estos litigios se encuentran algunos millonarios, como el que se mantiene contra el Consistorio por un edificio en Valdefierro o el de una empresa encargada de la calefacción de edificios de Ranillas. Estas fuentes cifran ambos casos en varios millones de euros en litigio. También hay que incluir en estos procedimientos los que siguen abiertos por las revisiones de precios en FCC, uno de los cuales suma 11 millones. La reciente sentencia sobre Tuzsa que dio parcialmente la razón al Ayuntamiento ha sido tomada como referencia por los juristas de la Casa Consistorial para este tipo de pleitos y, en este sentido, consideran que los tribunales podrían fallar de forma similar.

En el resto de casos, aseguran, se trata de reclamaciones de inferior cuantía y muchas de ellas motivadas por daños patrimoniales, caídas en la calle, multas de diverso tipo...

Rivarés, no obstante, quitó hierro a la cifra global, pidió "prudencia" y se mostró confiado en que buena parte de ella quede sin efecto cuando se dicte sentencia.

Deudas con el Consistorio

Por otro lado, el Gobierno informó ayer de las deudas que mantiene pendientes de cobro de otras administraciones y particulares, también a preguntas del PP. Por un lado, se pusieron de relieve los 42 millones que el Consistorio reclama a otras Administraciones en diversos conceptos no tributarios, en su mayor parte (39) a la DGA por tres anualidades pendientes del tranvía. Por otro lado, la directora del área de Economía, Ana Sanromán, informó de que el Ayuntamiento tiene contabilizados 103.000 expedientes pendientes de cobro en vía ejecutiva –de deuda tributaria– que suman un total de 94,12 millones. De ellos, 25 lo son de distintas entidades públicas –según desglosó el Gobierno, 2,2 pertenecen al Ayuntamiento de Utebo, 1,1 de Villamayor, 3,58 de la Cámara de Comercio, 9,33 de la DGA...–; el resto, unos 69, son de particulares y en su inmensa mayoría se trata de pequeñas deudas que no superan los 1.000 euros. A su vez, un 15% de esta cifra, en torno a 10 millones, corresponde a multas de tráfico.

Esta cifra de morosidad es, según el Gobierno, similar a la de años anteriores, con una ligera tendencia al alza. Para proceder a su recaudación, el Ayuntamiento emplea los mecanismos legales que tiene en su poder: el primero, por la vía de apremio, consiste en una reclamación con recargos que no siempre es efectiva; por ello, en algunas ocasiones se tiene que recurrir a la vía del embargo, que también tiene sus reglas y no garantiza el cobro total de la deuda. Desde Hacienda insisten en que, en la inmensa mayoría de casos, se trata de pequeñas cantidades de particulares, aunque también hay dinero que deben empresas que no siempre puede percibirse. En algunos supuestos, el propio Consistorio anula los derechos por imposibilidad de cobro, ante casos de insolvencia probada.