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El Gobierno anuncia mejoras sin consenso con el resto de grupos tras la solicitud del pleno del bus

Entre los puntos presentados está la garantización de los servicios mínimos en un futuro conflictivo "avalados por análisis técnicos".

Lejos de calmarse el ambiente tras solucionarse la huelga del bus, los ánimos siguen encendidos entre el Gobierno y el resto de grupos. Ayer, tras conocer la petición de un pleno extraordinario firmada por PP, PSOE, Ciudadanos y CHA, la concejal de Movilidad, Teresa Artigas, anunció de forma unilateral varias medidas de mejora en la red de autobuses. En concreto, la instalación de 42 rampas, por 240.000 euros, y de 50 paneles de información, por 400.000 euros.

"Una vez roto el consenso que habíamos alcanzado en junta de portavoces, en la que la retirada de la solicitud de pleno extraordinario era una condición para el entendimiento, nos sentimos con toda la libertad del mundo para aplicar las mejoras que consideramos más convenientes", afirmó Artigas. Fuentes de la oposición negaron que dicho pleno fuese una condición para negociar las medidas económicas.

En este sentido, la posibilidad de compensar a todos los usuarios bajando el precio del billete con el ahorro obtenido durante la huelga es una opción prioritaria para el resto de grupos y el Gobierno, por boca de la propia Artigas, se había comprometido a negociar sobre esta cuestión.

Horas antes, todos los grupos salvo ZEC firmaron una solicitud de pleno con cinco puntos: pedir disculpas a la ciudadanía y reconocer la labor del SAMA y del interlocutor nombrado, Juan García Blasco –el PP quiso que se hiciera mediante una distinción de hijo predilecto, sin apoyo suficiente–; reprobar a Artigas y al edil de Servicios Públicos, Alberto Cubero; en tercer término, precisamente, que el pleno inste a consensuar "con todas las fuerzas" el destino de los ingresos como causa de la huelga (la solicitud cita un acuerdo plenario que pedía disminuir el precio de todos los títulos, además de otras mejoras); asimismo, el pleno contiene un punto sobre garantizar los servicios mínimos en un futuro conflicto "avalados por análisis técnicos" y, por último, instar al Gobierno a cumplir los acuerdos adoptados en junta de portavoces.

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