"Llamar déspota y doméstica a la alcaldesa no es un insulto"

Un vecino de San Mateo, acusado de injuriar a la edil Teresa Solanas, mantiene ante la juez sus afirmaciones.

La alcaldesa Teresa Solanas Rubio y el acusado Miguel Sala Gómez, ayer, en los juzgados.
La alcaldesa Teresa Solanas Rubio y el acusado Miguel Sala Gómez, ayer, en los juzgados.
Aránzazu Navarro

Miguel Sala Gómez, vecino de San Mateo de Gállego y un bloguero que escribe bajo el seudónimo de ‘Winchester’, no tuvo inconveniente ayer en reafirmar los calificativos que en su día dedicó a la alcaldesa de la localidad, Teresa Solanas, y que le han llevado a sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de injurias. El imputado, para quien la fiscal pide una multa de 2.400 euros y 3.000 de indemnización no solo los reiteró ante la juez, sino que dijo que, en su opinión, no son insultos. "Solo constaté hechos", señaló.


No cree lo mismo la alcaldesa, que afirmó que los ataques tanto a su persona como al Ayuntamiento fueron "constantes" y atentaron contra su dignidad y reputación. "Fue una situación de acoso y derribo, un sin vivir", declaró. "Me llamaban la doméstica y el florero, quizás por ser la primera mujer que llega a alcaldesa de San Mateo", declaró. Las frases que Sala escribió en su blog en 2013 y que tanto la fiscal como la acusación, a cargo de la letrada Ana Alcay, ven delictivas son:"El secretario Ángel Pueyo y la doméstica y obediente alcaldesa Teresa Isidora Solanas (...) La alcaldesa déspota que utilizó su presidencia en la Fundación Santa Engracia para su propio provecho personal..."


Esta última se refería a que Solanas fue contratada por la empresa Cores –que lleva el cáterin a la residencia de la fundación la cual, por estatutos, siempre es presidida por el alcalde– para hacer un estudio de mercado de la mancomunidad por el que cobró 700 euros. "Fue un contrato de obra por cuenta ajena y legal", contestó al letrado de Sala, José Javier Forcén. Este expuso que los cargos públicos toman "vericuetos" para "aprovecharse" de su posición y que a veces se hacen informes de "dos folios" por los que cobran "300 millones de pesetas", en alusión al caso Nóos. También habló de "caza de brujas", dijo que prima la libertad de expresión sobre el derecho al honor.


Alcay, por su parte, pidió 9.000 euros de multa y 30.000 de indemnización, mantuvo que el límite a la libertad de expresión lo pone el derecho al honor. Señaló que ni como presidenta de la fundación ni como alcaldesa tiene sueldo y que Cores estaba antes de ser elegida Solanas.

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