El Ayuntamiento se niega a pagar por una caída en una zanja con “riesgo evidente”

Un vecino de la capital aragonesa de 69 años se ha visto abocado a presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Zaragoza –asumiendo los gastos que ello acarrea– al negarse este a indemnizarle por la grave caída sufrida en una zanja abierta en la calle de Santo Dominguito de Val, accidente que se produjo el 24 de octubre de 2013 y que le provocó unas lesiones de las que tardó tres meses en recuperarse (con 41 días impeditivos).

Un informe de la Policía Local, que se personó de inmediato en el lugar de la caída, reconoce que las obras estaban mal señalizadas y que existía un "riesgo evidente", puesto que el agujero en el que cayó el viandante tenía metro y medio de profundidad y estaba cubierto por unos tablones que no estaban sujetos al suelo. El atestado policial reflejaba también las "numerosas" quejas formuladas tanto por los viandantes como por los comerciantes de la zona e indicaba que se había multado y exigido actuaciones urgentes a la empresa que ejecutaba los trabajos.

Pese a este informe, la Unidad de Responsabilidad Patrimonial del Ayuntamiento de Zaragoza se negó a indemnizar al accidentado argumentando que las obras las hacía la empresa del gas y no correspondían a un servicio público local. Negaba también su responsabilidad "in vigilando" basándose en una normativa que el Consejo Consultivo de Aragón calificó después de "extemporánea", dado que se trata de un texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad, cuando el afectado no tiene ningún tipo de limitación.Un mediador independiente

El Consejo Consultivo de Aragón es un órgano independiente que está obligado a examinar el caso y emitir un informe cuando se presenta una reclamación patrimonial contra la administración superior a 6.000 euros. La abogada Patricia Rodrigo, que representa al viandante, exige una compensación económica de 7.820 euros, por lo que el consejo tuvo que pronunciarse. Y lo hizo dando la razón al viandante y afirmando que existió "una omisión del deber de vigilancia" por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Para este órgano, resulta determinante el atestado de la Policía Local, ya que deja claro que existía un peligro real en una céntrica calle de la ciudad. Además, un testigo que vio caer al ciudadano explicó que este caminaba normalmente cuando se vencieron los tablones y cayó a la zanja.

"No está justificado que se pretendiera imponer al ciudadano la carga de intentar ahora obtener su reparación demandando a la empresa (...), puesto que el Ayuntamiento debiera haber ejercido sus facultades de vigilancia e, incluso, sancionadoras para evitar el peligro en la vía pública", indica el informe del Consejo Consultivo de Aragón. En cualquier caso, este revisó a la baja el importe de la indemnización y lo estima en 6.320 euros.

Pero como los informes de este órgano son preceptivos pero no vinculantes, la negativa del consistorio a hacerse cargo de la indemnización ha obligado al demandante a acudir a los tribunales._En concreto, a la vía contencioso-administrativa, para resolver un asunto que se arrastra ya desde hace tres años.