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Zaragoza

El alcalde de Lobera declarará por presunto delito contra el urbanismo y cohecho

El denunciante del caso Plaza, Francho Chabier Mayayo, testificará en el juzgado de Ejea como querellado por la construcción de un almacén en suelo no urbanizable.

Francho Chabier Mayayo.
Francho Chabier Mayayo.
Asier Alcorta

El alcalde de Lobera de Onsella, Francho Chabier Mayayo (CHA), tendrá que declarar como querellado el próximo día 10 de mayo en el Juzgado de Instrucción de Ejea de los Caballeros por dos presuntos delitos: contra la ordenación del territorio y del urbanismo y por cohecho. Un vecino de este pequeño municipio de las Cinco Villas interpuso una querella contra el denunciante del caso Plaza por la construcción de un almacén en suelo no urbanizable en Lobera y por presuntamente iniciar los trámites, poco después de llegar al equipo de gobierno de esta localidad, para recalificar este terreno y tratar de legalizar así dicha construcción. El nacionalista dice que todavía no ha recibido ninguna notificación y asegura que el almacén fue construido por su hermano.

Un vecino de esta localidad, Daniel Begué, denunció, según consta en la querella criminal, que se trata de "una construcción realizada en suelo no urbanizable, en contra del ordenamiento urbanístico y que no es susceptible de legalización en la medida en que no cumple el planeamiento aplicable en el municipio de Lobera de Onsella, por lo que debería ser objeto de demolición, si bien, la competencia para la tramitación de un expediente de restauración de legalidad, y por tanto de dictar una orden de demolición, recae en el propio alcalde (...) según la Ley de Urbanismo de Aragón, que es a su vez el promotor de las obras".

El edificio en cuestión es una nave de unos 120 metros cuadrados, de ladrillo y tejado de uralita y con una ventana, que fue construido entre 2009 y 2012. Entonces este municipio, que tiene 42 empadronados, se regía por el planeamiento urbanístico de 1997. Cuando empezó a construirse, Mayayo todavía no estaba en el Ayuntamiento, al que llegó tras las elecciones de junio de 2011 como teniente de alcalde por el PSOE –aunque era independiente–. Fue en 2013, cuando tras la renuncia del anterior regidor, el socialista Javier Aísa por discrepancias tanto con su grupo político como con Mayayo, este último pasó a ser alcalde de Lobera, cargo que revalidó en las elecciones de mayo del pasado año, ya como representante de CHA.

El denunciante recuerda en su escrito que ha solicitado información al Ayuntamiento de Lobera sobre si la nave tenía las licencias necesarias para su construcción, pero no le han respondido. Asimismo, recibió un escrito de confirmación del Consejo Provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón en el que aseguraba que no existía ninguna autorización para ejecutar la construcción en esa finca.

En la querella se recuerda también que, tres meses después de que Mayayo entrara a formar parte del gobierno como teniente de alcalde, tuvo lugar la contratación por una empresa externa de la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana. Aunque el actual alcalde dice que el PGOU lo impulsó ya una corporación anterior.

El avance de este planeamiento, que todavía no está aprobado definitivamente, ampliaba el suelo urbano consolidado hasta dicha finca. "Se produce una gran ampliación de suelo urbano a pesar de que en el propio avance se reconoce que no solo no ha habido crecimiento en el municipio durante los últimos años, sino que la tendencia ha sido a la baja, siendo cada año menor el número de habitantes en el municipio", recoge el escrito de la querella. En el documento se recoge también que cuando se aprobó inicialmente el PGOU, Mayayo votó a favor de este, pese a que "está obligado a abstenerse por ser parte interesada". Por todo esto, le acusa de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, que está castigado en el Código Penal con inhabilitación especial para cargo público y derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años y con prisión de un año año y seis meses a cuatro años.

En cuanto al cohecho, acusa al alcalde de "evadir la obligación de solicitar licencia urbanística al Ayuntamiento" y de "haber abusado de su cargo de alcalde para intentar favorecer una situación personal". Este delito está sancionado con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de 7 a 12 años en el Código Penal.

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