La tensión larvada entre ZEC y PSOE a cuenta de la indemnización por los despidos de la antigua Tuzsa y su supuesta lesividad, y que ha terminado en los tribunales, estalló ayer en el pleno. La distancia entre ambos grupos y los reproches tanto públicos como a micrófono cerrado entre los concejales de ambas formaciones fueron notorios, todo ello en medio de la propuesta de gobernabilidad lanzada la semana pasada a PSOE y CHA por la coalición que lidera el alcalde, Pedro Santisteve.

En pleno debate sobre la huelga del bus, la concejal socialista Lola Ranera recordó que el actual Gobierno abonó el pasado verano una certificación global de 2013 que incluía la primera cuota anual de los 2,1 millones de euros de los despidos, eso sí, tras ser ordenada por el Gobierno de Belloch. Según fuentes socialistas, si se considera lesivo el acuerdo del anterior Ejecutivo de dar la orden de la liquidación de 2013 –algo que niegan dos informes, pese a estar en los tribunales de lo contencioso– también debería serlo el propio pago. Por ello, Ranera se preguntó si el sindicato Somos, impulsor de la querella, "quizá debería ampliarla". La edil de Movilidad de ZEC, Teresa Artigas, replicó que en el PSOE "están nerviosos porque van a tener que desfilar ante el juzgado en los próximos días", unas palabras que provocaron la indignación de la bancada socialista y el enfrentamiento verbal entre concejales de ambas formaciones en el salón de plenos.

También criticó Artigas la foto conjunta del resto de grupos para pedir un pleno extraordinario sobre la huelga –algo que no está descartado– y la "sonrisa" de los ediles de PSOE o CHA: "Pueden hacer lo que les plazca y celebrar los cien días de huelga", afirmó.

A continuación, los seis ediles del PSOE abandonaron por un instante la sesión y después su portavoz adjunto, Roberto Fernández, anunció a los medios que su grupo no intervendría en la posterior comparecencia sobre el acuerdo de gobernabilidad ofrecido por ZEC tanto al PSOE como a CHA, precisamente, para no diezmar las opciones de que el mismo pueda salir adelante.

La tensión entre ambos, no obstante, tuvo otro capítulo, en este caso con una interpelación del PSOE para que se explicara la acción del Ayuntamiento ante la huelga. Ranera, encargada de defender la posición de su partido durante el debate, mostró el acuerdo de 2013 con el que se ponía fin a la huelga de entonces y se acordaba la prioridad de recolocar a 125 empleados despedidos de manera forzosa, a cambio de aumentar la red de kilómetros en 2014. Ranera afirmó que "este acuerdo lo firmaron Fernando Gimeno y Carmen Dueso (del PSOE) y también Raúl Ariza (de IU)".

La respuesta en este caso llegó de Alberto Cubero, concejal de Servicios Públicos: "La diferencia entre Ariza y usted es que él no está imputado", dijo, en referencia a la causa abierta en estos momentos.

El concejal del PP Sebastián Contín tildó de "espectáculo lamentable" las palabras de Artigas. Leticia Crespo, de CHA, también censuró la reacción "desafortunada" de la edil de Movilidad.