El Ayuntamiento sigue sin tomar medidas y la oposición urge aumentar los servicios mínimos

La ruptura el viernes de las negociaciones para solucionar la huelga del bus, que hoy cumple 95 días, ha supuesto un auténtico jarro de agua fría tanto en las calles como en el propio Ayuntamiento. El Gobierno de Zaragoza en Común, acusado de "tibieza" por el resto de grupos en un conflicto que se mantiene sin visos de llegar a un final entre el comité y la empresa, reaccionó ayer con un mensaje de reproche a ambas partes por igual y sin concretar nuevas medidas, si bien reconoce la gravedad de la situación. Mientras, el resto de grupos, en bloque, pidieron una subida inmediata de los servicios mínimos –solo CHA fue algo más recelosa, aunque no lo descarta– así como una mayor implicación del alcalde y sus concejales.

La única reacción oficial del Ejecutivo que preside Pedro Santisteve procedió de la edil delegada de Movilidad, Teresa Artigas, a través de su gabinete de prensa: Artigas mostró "sorpresa" e "indignación" y se preguntó "si los interlocutores de la negociación están a la altura de las circunstancias". Al parecer, sus técnicos trabajan con diferentes escenarios, pero ayer no quisieron dar más información: si hay novedades, se producirán "a lo largo de los próximos días", añadieron fuentes oficiales.

Ayer, la empresa insistió en que el viernes estaba dispuesta a aceptar la propuesta del SAMA, con una subida salarial del 4% para los trabajadores, y el comité respondió que esta propuesta les quita "derechos adquiridos" en su convenio, en especial, en cuestiones de incapacidad temporal y antigüedad. No se atisban nuevas reuniones entre ambas partes y el comité pretende ahora verse con el Ayuntamiento.Medidas "de inmediato"

Mientras tanto, el PP cargó con dureza contra el Gobierno. A través de una nota, su portavoz municipal, Jorge Azcón, pidió a Santisteve "que cambie ya de bando y se ponga del lado de los zaragozanos, aumentando de inmediato los servicios mínimos al 50%". Azcón instó al primer edil a "abandonar su actitud de brazos cruzados y a hacer algo para terminar con la insoportable situación que viven decenas de miles de zaragozanos desde hace casi 100 días".

Azcón recordó que ZEC ya habló días atrás de que tomaría "medidas drásticas" si no se solucionaba la huelga, al tiempo que consideró que la actitud del Gobierno de Santisteve "con su posicionamiento al lado de los conductores de bus ha convertido en rehenes a los usuarios del transporte público. ZEC sigue al servicio de los intereses de una minoría y del comité de huelga".

Desde el PSOE, su concejala responsable de Movilidad, Lola Ranera, se pronunció en términos muy similares –no en vano, sacaron adelante una moción sobre este mismo asunto con el PP– y afirmó que "hace días que este asunto se le ha ido de las manos al Gobierno". Para Ranera, "el Ayuntamiento debería amortiguar este proceso" y calificó de "barbaridad" que se mantengan los servicios mínimos en un 33%. "El Gobierno está para velar por la inmensa mayoría de la ciudad", añadió.

Sobre la necesidad de mejores frecuencias, Ranera abogó por aumentarlos sin que ello implique una cifra por igual (aunque el 50% le parece razonable) e insistió en que distintos barrios de la ciudad pueden requerir de soluciones y frecuencias diferentes, aunque siempre incrementando el porcentaje actual.

Alberto Casañal, concejal de Ciudadanos, fue también duro en su reproche al Gobierno. Tras recordar que ya hay una moción que pide aumentar los servicios mínimos, consideró que esta medida debería llevarse a cabo ahora "con más necesidad, porque esto son palabras mayores y no tiene visos de arreglarse. No se puede permitir que la movilidad de los zaragozanos se vea afectada de este modo", continuó. Para Casañal, ZEC demuestra "una pasividad intolerable, no sabemos si por debilidad o por miedo", añadió. Este edil aseguró que "tienen que ponerse a trabajar desde ya en una solución".

Por último, Carmelo Asensio, de CHA, se mostró preocupado de que "no hay voluntad por una de las partes" (en referencia al comité) y reclamó medidas "contundentes" al Ayuntamiento. Ante una posible subida de los servicios mínimos, Asensio dijo que "no lo descarta", pero opinó que "tampoco arreglará el conflicto". Finalmente, pidió que se compense a la ciudadanía con al menos 90 días pagando un billete rebajado.