La Audiencia Provincial sentó ayer en el banquillo a un matrimonio al que la Fiscalía y la cooperativa "Virgen de la Oliva" de Ejea acusan de estafa por el impago de una deuda que supera el millón de euros. Los agricultores reprochan a Carmelo R. N. y Oliva M. U. el no haberles informado a tiempo de que su negocio de engorde y venta de cerdos a gran escala –al que ellos suministraban cereal para la fabricación de piensos– estaba siendo liquidado por un administrador concursal. De hecho, cuando se enteraron del cierre de la empresa de los encausados –Producciones Pecuarias S. L– ya no quedaba patrimonio al que agarrarse para resarcir la deuda.

La Fiscalía entiende que el perjuicio económico causado a los socios de la cooperativa es importante, por lo que exige sendas penas de tres años de cárcel para cada acusado. En concepto de responsabilidad civil, les reclama también el abono de los cientos de toneladas de cereal que se llevaron de los almacenes de la cooperativa de Ejea para alimentar a sus cerdos y que todavía adeudan. En cualquier caso, el ministerio público quería introducir ayer algún cambio en su calificación definitiva, por lo que el tribunal de la Sección Primera decidió suspender la vista y continuarla hoy.

Al parecer, lo que baraja la Fiscalía es la posibilidad de retirar la acusación contra Oliva M. U., porque aunque era esta la que figuraba como administradora de Producciones Pecuarias cuando se presentó la querella –finales de 2011–, esta declaró ayer que quien llevaba realmente el negocio y adoptaba "todas las decisiones" era Carmelo R. N. "Yo asumí el cargo cuando él se jubiló, pero el empresario era mi marido y siguió gestionando la sociedad después de retirarse", insistió.

"Solo querían el dinero"

El acusado dio ayer una versión de los hechos diametralmente opuesta a la de la cooperativa. Recordó que su empresa llevaba 30 años comprándole el cereal a "Virgen de la Oliva" y que "nunca había tenido problemas". "Hasta que a comienzos de 2011 me llamaron y me dijeron que mi nivel de deuda era peligroso. Por entonces adeudaba en torno a un millón de euros y me exigían el pago inmediato de 800.000. Cantidad que yo no podía asumir", manifestó.Según el acusado, aunque intentó saldar cuentas con la cooperativa ofreciéndole la entrega de su fábrica de harina, varios pisos e incluso una finca: "Ellos solo querían dinero". De hecho, mantiene que aquella situación le abocó a solicitar el concurso de acreedores y liquidar el negocio.

Con carácter previo a la llegada del administrador concursal, los acusados vendieron toda su cabaña de cerdos (más de 11.000 animales), lo que les reportó más de 1,3 millones de euros. "¿Por qué no utilizaron ese dinero para pagar la deuda que tenían con la cooperativa"?", preguntó el fiscal. "Porque había más acreedores y preferí pagar antes a aquellos autónomo que habían hecho su trabajo y a los que se debían pequeñas cantidades", contestó el encausado.

El antiguo presidente de la cooperativa, Mariano López, declaró que "nunca" les ofrecieron en firme ninguna propiedad para saldar la deuda. "Todo eran ofertas de palabra. Y claro que preferíamos el efectivo a los bienes. Porque el cereal había que pagárselo a los agricultores y para ello hacía falta dinero", explicó.