El Ayuntamiento acude a los tribunales para impedir el pago del impuesto de aguas de la DGA

El Gobierno de Zaragoza en Común lleva a los tribunales su batalla contra el pago del Impuesto autonómico de Contaminación de las Aguas (ICA), el antiguo canon de saneamiento, al que Zaragoza debería incorporarse este año según la DGA. Ayer, la concejal de Medio Ambiente, Teresa Artigas, informó de que el Consistorio ha presentado un recurso contra la orden de julio de 2015 que establece la transmisión de datos al Instituto Aragonés del Agua (IAA) para su posterior recaudación. Se trata del movimiento jurídico que ha considerado viable el Gobierno para oponerse políticamente a su cobro.

Artigas, a la hora de explicar la medida, recordó que "ya en diciembre" su Ejecutivo encargó un informe jurídico para estudiar esta posibilidad. Con el recurso, al que acompaña la solicitud de medidas cautelares y a la espera de su admisión a trámite, "se dan los pasos necesarios" para tratar de evitar el traslado de información "del padrón al Gobierno de Aragón". Artigas añadió que el IAA no se ha puesto en contacto con el Consistorio para solicitar los datos que ahora trata de bloquear; fuentes de esta entidad afirmaron que es el Consistorio el que debe darlos motu proprio.

La edil afirmó que la aplicación del tributo, que considera "claramente injusto", se hizo "mediante una ley, de forma unilateral". La concejal defendió que su Gobierno, pese al recurso, sigue abierto "a negociar con la DGA" ante una tasa que "repercutirá en una doble imposición de la tarifa de saneamiento y depuración", dijo.

La responsable municipal de Medio Ambiente, asimismo, vinculó el cobro de este tributo al pago de un plan de depuradoras "que está siendo estudiado" y sobre el que ZEC ha manifestado sus dudas de forma reiterada, incluso, pidiendo una auditoría. La edil se preguntó con ello "a qué se dedicaría el dinero de los zaragozanos".El desacuerdo de Guillén

El anuncio de este recurso sobre el ICA coincidió con la reunión que mantuvieron ayer el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, con el concejal de Economía, Fernando Rivarés. La cita, que debía servir para desbloquear unas tensas relaciones, también sirvió para que Guillén conociera de primera mano el recurso y mostrara su consiguiente rechazo. "No me gusta que el Ayuntamiento presente contenciosos, pero está en su derecho si considera que con ello defiende sus intereses", afirmó. Guillén se mostró partidario de "no haber tenido que llegar a esto" y de "negociarlo antes".

No obstante, el portavoz del Ejecutivo de Javier Lambán, que reconoció así la existencia de algunas "divergencias" entre ambas Administraciones, animó a los consejeros "aptos en la materia a que trabajen para ver si se puede llegar a un acuerdo"; de lo contrario, reconoció que serán los tribunales los encargados de decidir. En todo caso, Guillén abogó por que "a partir de ahora esta vía no se utilice más".