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El juez que investiga la presunta estafa millonaria de Gallur llama a otros dos imputados

Investiga si captaron inversores para Enrique Irazabal, quien decía ser empresario y que iba a crear 350 empleos en el pueblo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital aragonesa interrogó ayer a Elizabeth M. C. y José Miguel C. G. para conocer su implicación en la presunta estafa de unos 11 millones de euros cometida por Enrique Irazabal Serrano, un supuesto empresario residente en Madrid que en 2006 se presentó en Gallur con un atractivo proyecto en el que decía que iba a invertir 49 millones de euros y dar trabajo a 350 personas.

Ese año y tras una excelente puesta en escena –decía representar a la inexistente multinacional Scinet-Corporation–, logró convencer a cinco empresarios de Zaragoza, los cuales le entregaron un total de 1,2 millones de euros. Incluso el entonces alcalde de Gallur puso a su disposición 31 hectáreas de terreno del polígono industrial que luego, afortunadamente, el consistorio pudo recuperar.

El proyecto consistía en crear una factoría para fabricar contenedores móviles que, dependiendo del uso que se les quisiera dar, podían equiparse para convertirlos en potabilizadoras de agua, farmacias, envasadoras de alimentos, derivados de látex y muchas otras posibilidades más.

La iniciativa tenía, además, un componente humanitario, ya que los contenedores eran perfectos para acabar con la falta de comida, agua y recursos en los países subdesarrollados, los cuales ya habían hecho cientos de pedidos, según Irazabal. De hecho, la factoría que decía tener en Rotterdam se le había quedado pequeña y había iniciado su expansión por España. Gallur había sido uno de los lugares elegidos, junto a Granada o Canarias.

En Zaragoza captó a esos cinco empresarios, los cuales le fueron haciendo sucesivas entregas de dinero que rápidamente eran transferidas por el imputado a un sinfín de cuentas bancarias de las que disponía en diferentes países y con distintos nombres. Nunca hizo la inversión, puesto que el proyecto es totalmente inexistente, pero a los inversores les fue dando largas y excusas, hasta que lo denunciaron.

La trama del empresario de origen vasco se extendió a media docena de comunidades autónomas e incluso a países como Trinidad y Tobago o Ghana. Entre todas las víctimas que luego se sumaron a la denuncia de los zaragozanos aportaron cantidades que suman unos 11 millones de euros.Nueve imputados

Para hacer todo este montaje pseudo empresarial, Enrique Irazabal contó con una serie de colaboradores cuya misión era principalmente captar nuevos inversores. Hasta ayer habían declarado como imputados seis personas más. Ayer se sumaron Elizabeth M. C. y José Miguel C. G.

La primera, según pudo saber este periódico, negó haber engañado a nadie para que invirtiera en el negocio de Scinet-Corp a sabiendas de que este era falso. Elizabeth M. C., cuya firma está en numerosos documentos relacionados con el negocio fraudulento, admitió que cobró 47.000 euros de Enrique Irazabal pero dijo que eran a título de préstamo.

Por su parte, José Miguel C. G., abogado, declaró que trabajó para Irazabal y que su tarea consistía en hacer informes de los listados de empresas que Elizabeth M. C. le proporcionaba. Por esos trabajos cobraba 3.000 euros al mes, pero entre sus cometidos no estaba captar inversores.

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