La Plataforma Ciudadana Salvemos Averly ha denunciado este martes que los propietarios actuales de este conjunto industrial de Zaragoza están llevando a cabo acciones en los inmuebles y en el patrimonio mueble sin autorización ni control para "degradar" el edificio y su entorno y restarle valor patrimonial.

Miembros de la plataforma han comparecido este martes ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes para pedir la paralización cautelar del derribo de la parte del complejo no catalogada como BIC hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón emita una sentencia al respecto.

Ángel Muñoz, uno de los portavoces de la plataforma, ha lamentado que los propietarios, actualmente la empresa Brial, que pretende levantar unos 200 pisos en el terreno de la antigua factoría, están llevando a cabo actuaciones "sin control" ni plan de rehabilitación en el conjunto, incluida la retirada de patrimonio mueble, la tala de plantas del jardín o la quema de documentos de su importante archivo documental.

Todo, ha dicho, con la intención de "degradar el edificio y su entorno".

Y eso que, según ha especificado Carlos Bitrián, otro de los portavoces de la plataforma, cuando la empresa compró el conjunto ya sabía que se trataba de suelo urbano no consolidado y que esta catalogación podría cambiar durante el proceso administrativo, en tanto en cuanto estaba a la espera de la aprobación de un plan especial.

Y ya sabía, cuando lo adquirió, que el conjunto estaba incluido en el catálogo de mínimos del Plan Nacional de Patrimonio Industrial, ha agregado.

En este sentido, ha hecho referencia a la orden de noviembre de 2013 de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón que catalogó como Bien de Interés Cultural (BIC) un 33 % del conjunto, en una resolución que firmó una persona interina y contra la opinión del arquitecto responsable del expediente y de "prácticamente la totalidad" de la comunidad científica, que muestra un apoyo "abrumador" a la catalogación total.

Esta protección limitada, ha dicho Muñoz, "condena al conjunto histórico a la degradación" y se ha preguntado a qué se debe la catalogación "menor y parcial", que han pedido que se revise y se amplíe.

Asimismo, ha asegurado que el plan de ordenación urbanística para la zona no cumple las prescripciones técnicas y si finalmente se produce la licencia de derribo, Aragón perderá "el patrimonio industrial más importante" que tiene.

Bitrián, por su parte, ha lamentado que las administraciones que tienen competencias sobre este asunto (el Gobierno de Aragón en cuanto a la protección del patrimonio y el ayuntamiento respeto a la ordenación urbanística) "echen balones fuera" y no asuman sus competencias.

"Ya es hora -ha insistido- de que el Gobierno de Aragón invierta en patrimonio" y cumpla las leyes, porque el valor de Averly está "fuera de toda duda".

Sobre todo, piden que se paralice cualquier autorización de derribo y concesión de licencias hasta que el TSJA no determine sobre el recurso presentado por Apudepa, ya que aunque el Supremo anuló la paralización cautelar de este derribo, el TSJA debe pronunciarse sobre si obliga al gobierno aragonés a incoar expediente para la declaración de BIC de todo el conjunto y si el ejecutivo tiene capacidad para hacerlo.