La diputada de IU en las Cortes, Patricia Luquin, ha considerado hoy que sería "bueno", desde un plano "ético", que el senador Marcelino Iglesias, presidente de Aragón cuando se produjeron casos de corrupción relacionados con Plaza, dejara su escaño, aunque no se puedan deducir de su actuación responsabilidades políticas.

Este miércoles e ha conocido la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que condena al exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón Carlos Esco, al empresario y expropietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias, y al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, a cuatro años de prisión por malversación de caudales públicos, al entender que se pagó un sobreprecio de 8,7 millones por unas naves construidas por Codesport.

Y al respecto, Luquin ha considerado, en declaraciones a los medios, que no se puede "hilar" que el socialista Marcelino Iglesias, máximo responsable del gobierno entonces, "tuviera conocimiento" de lo que estaba pasando.

Pero al margen de que Iglesias no tiene responsabilidad penal, y tampoco está demostrado que la tenga en el terreno político, sí que "éticamente" sería "positivo" para Luquin que pusiera su escaño a disposición de su partido, para que no dé la sensación de que "se acoge al aforamiento" para no tomar "determinadas responsabilidades".

A su juicio, lo que ha quedado demostrado es que se adoleció de una "falta de controles" en una empresa pública que gestionaba "dinero de todos", y ha pedido ser "absolutamente contundentes" en la adopción de medidas para que algo así no vuelva a ocurrir, porque "no se puede pasar ni una".

"Que no haya atisbo de duda de que el dinero público se gestiona para el interés de la mayoría social y no de determinadas personas", ha agregado.

Luquin ha recordado que ha quedado demostrado que se saquearon 8,7 millones de euros de un dinero público que se podía haber destinado a planes de emergencia social, de empleo o de vivienda, y ha confiado en que se pueda recuperar.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de poner en marcha un "plan de trazabilidad" de "cada euro" de dinero público.

La diputada, además, ha subrayado que ha quedado claro que la información que llegaba al Consejo de Administración de Plaza para la toma de decisiones "no era veraz ni transparente".

Respeto a las posibles afecciones que las sentencias pueden tener sobre el caso Plaza, ha considerado que se trata de un proyecto "estratégico" para Aragón, pero en el que "no todo vale".