PSOE, PP y C's instan a revisar los servicios mínimos en la huelga de bus

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este jueves dos mociones de PP y PSOE, con el apoyo de Ciudadanos (C's) y el voto en contra del equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y el grupo de Chunta Aragonesista, por las que se insta a que se revisen los servicios mínimos establecidos en la huelga de autobuses urbanos, que cumple ya 50 días.

La propuesta popular, que ha sido transaccionada con el PSOE, reclama que, sin menoscabo del derecho a la huelga, la afección a los zaragozanos sea la menor posible y se revise en un plazo de siete días los servicios mínimos decretados, de acuerdo con los informes técnicos correspondientes y hasta ese momento que se fijen en el 50 por ciento del servicio, dado que ahora son del 33 por ciento.

Asimismo, la moción socialista instaba a revisar de inmediato los servicios mínimos. La concejal del PSOE, Lola Ranera, ha propuesto que se estudien las afecciones por barrios, para "volcar" más autobuses en las horas de huelga en aquellas zonas que más están sufriendo el conflicto.

El concejal del PP, Sebastián Contín, ha acusado a ZeC de ser un gobierno "débil" que ha propiciado unos servicios mínimos del 33 por ciento, que ha tildado de "despropósito", para considerar que el gobierno municipal "no ha resuelto ni un solo problema de la ciudad y su especialidad se está convirtiendo en agravarlos".

"Son unos incompetentes y ni suavizan el conflicto, ni garantizan que se preste el transporte público" y, además, "se posicionan con una de las partes", ha dicho Contín, al indicar que el alcalde, Pedro Santisteve, "fue a sollozar" a una asamblea de trabajadores, "lloriqueando y diciendo cómo me hacéis esto".

El edil popular ha recalcado que los servicios mínimos los fija el consistorio, para aseverar que el alcalde "miente al decir que ha sido neutral, cuando no lo ha sido", ya que "han tomado partido al pedir generosidad a la empresa, pero no a los trabajadores de AUZSA, la empresa concesionaria. Ustedes son un fraude", ha dicho tajante al equipo de gobierno.

"Camarada Pedro"

Sebastián Contín ha abogado por poner fin a los "trastornos" que se están causando a la ciudad, al recordar que el alcalde "prometió que iba a mediar para solucionar el conflicto, que iba a municipalizar el servicio y que garantizaría el servicio de transporte, pero no ha logrado ni una sola de las tres".

"Camarada Pedro, ¿Es usted consciente de que los más perjudicados por los servicios mínimos son las clases medias y trabajadoras?", ha preguntado Contín, al cuestionar si Santisteve es "el alcalde de los trabajadores del autobús o del conjunto de la ciudad".

"Los más revolucionarios resultan ser los más reaccionarios de la ciudad, con sus promesas de remunicipalizar servicios y sus falsedades se han levantado el velo, nunca han tenido el propósito de servir a los ciudadanos", ha sentenciado el concejal del PP.

No es un problema heredado

Por su parte, la concejal socialista, Lola Ranera, ha reconocido el derecho a huelga y la labor de los trabajadores de AUSZA, pero este conflicto "está dentro del ámbito de las relaciones laborales empresa-trabajador".

Ha negado que sea un problema heredado, para reclamar "decisiones políticas" que permitan asumir las peticiones de los trabajadores en cuanto a tiempos de recorridos o servicios en el final de las líneas.

"Es un problema de gestión del ayuntamiento, no heredado, sino de la concejal de Movilidad, Teresa Artigas" y ha advertido de que con este conflicto "pierde la empresa, los trabajadores y está ahorrando el ayuntamiento", con un ahorro que ha cifrado en 1.250.000 euros. Ha concluido diciendo al alcalde que "tiene que mantener una posición neutral".

El concejal de C's, Alberto Casañal, ha estimado que "no se ha hecho nada para mejorar el servicio" en cuanto a las frecuencias y las demandas de los trabajadores, al comentar que "estamos a favor de armonizar el derecho de huelga con el derecho de los ciudadanos a que reciban un servicio digno".

"Hay que tomar medidas políticas y sentarse a hablar y solucionar lo que solicitan los trabajadores", ha afirmado, al alegar que "el 90 por ciento de lo que reclaman es asumible por el ayuntamiento. Pedimos la implicación y responsabilidad del alcalde para lograr un acuerdo en un futuro próximo porque esto se demora en el tiempo".

No cederá a chantajes

La concejal de Movilidad, Teresa Artigas, ha defendido que desde el gobierno municipal "hemos tomado parte por la ciudadanía y por la legalidad y hemos defendido el interés de la ciudad desde el primer día". Ha cuestionado si "la causa del conflicto son los servicios mínimos o la reforma laboral del PP que merma los derechos de los trabajadores".

Artigas ha negado que ZeC sea un gobierno débil, al sostener que "es un gobierno fuerte, el primero que no ha cedido y no ha puesto dinero público para resolver un conflicto laboral", al apostillar que "se empeñan en llevar el problema a los servicios mínimos y no son el problema". Ha sido tajante al indicar que "este gobierno no está dispuesto a que el conflicto se cierre en falso y se use dinero de los ciudadanos para resolverlo".

Además, ha asegurado que la solución tampoco es la remunicipalizació y ha recalcado que están trabajando para que "cuanto antes" el cien por cien de los autobuses regresen a la calle.

No obstante, "la empresa tiene que garantizar que cuida el servicio y a sus trabajadores" y ambas partes tienen que "buscar puntos de encuentro". Ha lamentado que solo han recibido propuestas para solucionar el conflicto por parte de CHA, "del resto nada", para concluir que "no vamos a entrar en ese juego ni a poner dinero público porque es ilegal e inmoral", como tampoco cederán "a los chantajes".

"Romper la neutralidad"

El concejal de CHA, Carmelo Asensio, ha argumentado que elevar del 33 al 50 por ciento los servicios mínimos "sería romper con la posición de neutralidad del ayuntamiento" y ha invitado a reflexionar sobre si así se conseguirá resolver el conflicto, para opinar que ocurriría "justo lo contrario".

"A CHA le gustaría que se buscasen fórmulas adecuadas para resolver este conflicto, pero se ha hecho tarde y mal porque desde hace nueve meses se veía venir" el problema. Ha insistido en la necesidad de que un mediador externo intervenga, para rememorar que el motivo de esta huelga "es que la empresa incumple flagrantemente los pliegos de condiciones, generando perjuicio para la ciudad y riéndose de todos nosotros".

Antes de debatir ambas mociones, el presidente del Comité de Empresa de Autobuses Urbanos de Zaragoza, Javier Anadón, ha opinado que el conflicto "no se soluciona ampliando los servicios mínimos, sino con decisiones políticas consensuadas".