El pleno insta a subir al 50% los servicios mínimos en la huelga de Auzsa

PP, PSOE y Ciudadanos votan a favor de esta resolución frente a ZEC y CHA.

Luisa Broto y Pedro Santisteve, en el pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Luisa Broto y Pedro Santisteve, en el pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Oliver Duch

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha instado a revisar los servicios mínimos establecidos en la huelga de los trabajadores de Auzsa, para pasar del 33 % actual a un 50 %, con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos, mientras que Zaragoza en Común y Chunta Aragonesista han votado en contra.


Además se ha aprobado también, con idénticos votos favorables y en contra, la petición de estudiar en función de los distintos barrios de la ciudad las afecciones diferenciadas que está provocando la huelga.


El portavoz del PP, Sebastián Contín, ha asegurado que el equipo de gobierno "no ha suavizado, ni garantizado el servicio", a la vez que lo ha calificado como "un gobierno débil, demagogo y dogmático" y "de incompetentes".


Contín ha pedido al gobierno que votara a favor de la revisión de los servicios mínimos y que los aumentara, lo que no ha hecho con su voto en contra a las mociones de PP y PSOE.


Por su parte, Lola Ranera, del PSOE, ha recordado que su grupo ha reconocido el derecho a la huelga de los trabajadores, pero también considera que "el Ayuntamiento desde la neutralidad que dijo el Alcalde, tiene que dar respuesta".


También ha afirmado que las soluciones a algunas de las reivindicaciones de los trabajadores, como los aseos al final de cada línea o las plataformas en las paradas, deben contemplarse en los presupuestos o la modificación de horarios que los propone la empresa y los aprueba el Ayuntamiento.


La concejal de Movilidad, Teresa Artigas, de Zaragoza en Común, ha afirmado, pro su parte, que no creen que poner "dinero público y la municipalización" sirva para solucionar la huelga de los trabajadores de Auzsa, empresa que tiene la concesión del transporte en autobús en la ciudad, y lo que no quieren es que el conflicto "se cierre en falso".


Por parte de Ciudadanos, Alberto Casañal, ha calificado esta huelga que alcanza los cincuenta días desde su inicio el pasado 10 de diciembre como "un tema preocupante y del que ojalá se deje de hablar, pero no tiene visos de suceder".


Ha asegurado que la huelga ha trascendido a niveles de la ciudadanía que "son preocupantes" y que es "el momento de tomar medidas políticas", a la vez que ha considerado que no se trata de un problema de porcentajes pero tampoco se ha hecho nada por mejorar la calidad de los servicios.


En su opinión, el 90 % de lo que piden los trabajadores de Auzsa es asumible por el Ayuntamiento y ha incidido en que están a favor de "armonizar el derecho de huelga con el de los ciudadanos a recibir un servicio digno".


Para Carmelo Asensio, de CHA, se trata de un conflicto larvado que se arrastra desde hace muchos años y "desde hace nueve meses que quieren mejorar sus condiciones laborales".


También ha considerado que los servicios mínimos implantados desde el comienzo de la huelga no están fijados "de forma caprichosa" y ha recordado las sentencias en las que se ha basado la decisión, además de que "un 50 % de servicios mínimos rompería la posición de neutralidad".


Ha apostado para la resolución de este conflicto, que "va para largo", a buscar "las fórmulas" adecuadas como la de poner un mediador neutral e independiente que "los trabajadores han pedido y que aceptarían".


Previamente al debate entre los grupos ha intervenido el presidente del comité de empresa de Auzsa, Javier Anadón, quien ha calificado la petición de incremento de los servicios mínimos como "una decisión política en el peor de los sentidos".


Ha defendido que los trabajadores de Auzsa son "una víctima de la especulación empresarial" que los quiere presentar "como culpables" de la actual situación, a la vez que solicitaba que se adopten "medidas reales" para que la empresa cumpla con el pliego de condiciones.


Asimismo ha recordado la experiencia que ya existe en otras ciudades en las que "los costes se reducen con la gestión pública".

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