Domingo por la mañana en el parquin sur de la Expo de Zaragoza. Varias patrullas de la Policía Local inspeccionan el mercadillo y el Rastro que cada semana se celebra en este espacio. Su labor de control se traduce en decenas de sanciones por diferentes causas: venta ambulante sin licencia, incumplir las condiciones de salubridad, procedencia dudosa de los productos...

Los agentes de la Policía (principalmente de la UPAC y de la UAPO) llegan a retirar veinte contenedores de basura repletos de artículos ilegales en cada jornada de Rastro. Pero saben que los expedientes sancionadores que abren por cada actuación acabarán, muy probablemente, olvidados en un cajón.

El problema, según denuncian fuentes policiales, y confirman desde el Ayuntamiento, es la falta de personal en el área de Servicios Públicos, encargada de tramitar este tipo de multas. Algo que, según los agentes, no hace sino desvirtuar su labor y fomentar la reincidencia en un entorno ya de por sí conflictivo, en el que ha habido que reforzar la seguridad recientemente.

“Hay una importante falta de medios humanos en general en el Ayuntamiento, y en particular en Servicios Públicos”, reconocen desde este área. Por ello, y ante el gran volumen de denuncias que reciben -no solo del Rastro, sino de distintos puntos de la ciudad- se busca “priorizar” qué expedientes deben salir adelante. Por ejemplo, las sanciones relacionadas con el botellón sí consiguen llevar una tramitación normalizada.

Además, desde el Consistorio remarcan que en muchos casos, en lo que se refiere a los vendedores ilegales del Rastro, existe una realidad social especial, ya que son personas que tratan de subsistir. “Se entiende que al confiscarles el material ya hay una acción sancionadora”, explican. Y en no pocas ocasiones, son personas difícilmente identificables o sin domicilio conocido o estable, lo que complica el trabajo de notificación y que la sanción sea realmente efectiva.

La mayor parte de estas sanciones se interponen de acuerdo a la ordenanza reguladora de Actividades Comerciales e Industriales en Terrenos Públicos, que según su artículo 7 estipula que “no podrá ejercerse en la vía pública, plazas, parques u otros terrenos de uso público actividad comercial o industrial alguna sin licencia municipal”. Las sanciones por este motivo alcanzan los 150 euros.

En cualquier caso, el problema de fondo apunta a las carencias de la plantilla municipal, tras años de crisis económica, recortes presupuestarios y planes de estabilidad financiera, que han reducido a la mínima expresión las contrataciones.

En este sentido, el consejero municipal Alberto Cubero defendió la semana pasada el presupuesto de su área para este año, que “permitirá dar un impulso a la oferta de empleo público y la contratación, así como la cubrir mejoras salariales que puedan generarse con los convenios a lo largo del año”.