El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este miércoles interponer una querella criminal en los juzgados de instrucción para iniciar una investigación por los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista en la ciudad y la capital aragonesa se suma así a Pamplona.

La moción, presentada por CHA, también incluye un nuevo callejero que elimine referencias franquistas, la creación de un Centro de la Memoria Histórica en la ciudad, que el Consistorio inste al Gobierno de Aragón a que inicie la tramitación de una Ley de Memoria Histórica autonómica que, entre otras cuestiones, tome medidas para localizar e identificar a personas desaparecidas, y recordar y hacer un "justo homenaje" a los miembros de la Corporación que fueron víctimas de la guerra civil y de la dictadura.

Todos estos puntos han salido con el voto a favor de todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento, salvo el PP, que se ha abstenido, mientras que lo relativo a la querella también ha salido adelante, pero con menos apoyos: 11 votos a favor (Zaragoza en Común y CHA), 10 en contra (PP) y 10 abstenciones (PSOE y Ciudadanos).

Asimismo, la propuesta de judicialización de la represión franquista en la ciudad incluye que, en su caso, se dé traslado al juzgado de Buenos Aires en el que se investigan estos crímenes.

Pedro Navarro (PP) ha criticado que la jueza argentina María Servini, quien investiga el caso, "más que cuestionada", pretenda venir a España a hacer "lo que en su país no ha podido", en referencia a juzgar los crímenes de la dictadura de este país.

Aunque se ha mostrado de acuerdo con conceptos esgrimidos como los de justicia o reparación de las víctimas, ha reiterado que "no cuenten con el Grupo Popular" para que el de Zaragoza sea el segundo ayuntamiento, después del de Pamplona, gobernado por Bildu, en tomar esta decisión.

Sobre el callejero, ha expresado que tampoco le gusta que haya calles con el nombre de Ernesto Ché Guevara.

Pablo Híjar, de ZeC, ha insistido en que en España no se puede ir "con la cabeza alta" ni "sacar pecho" sin que haya "justicia y reparación" para las víctimas del "golpe fascista", la dictadura franquista y del "genocidio" cometido, especialmente en Aragón, escenario de la contienda civil.

Por ello, ha expresado todo su apoyo a la moción y se ha comprometido a aprobar un plan integral de Memoria Histórica para la ciudad de Zaragoza, así como a apoyar a dichas asociaciones y a crear el centro propuesto por CHA, además de una ruta dedicada a ella.

Aunque no es habitual, el alcalde, Pedro Santisteve, ha hecho uso de su prerrogativa de intervenir en el debate y ha denunciado que España sea el segundo estado del mundo con desaparecidos sin un entierro digno, un problema que afecta a la cultura cívica del país.

La socialista Lola Campos, tras recordar los logros de su partido en esta materia, ha afirmado que no tienen problema en apoyar el conjunto de la moción, pero ha considerado que la querella criminal no es necesaria ni le parece que sea la forma más adecuada de abordar este asunto.

Cristina García, de Ciudadanos, ha defendido la mayor parte de la moción porque se trata "de dignidad, de justicia y de reparación.

Por ello, ha apoyado la modificación del callejero porque las vías públicas no deberían llevar "nunca" el nombre de personajes relacionados con la tortura y la aprobación de una Ley de Memoria Histórica autonómica, si bien ha abogado por primero cumplir la actual.

Sobre la querella criminal, aunque la edil de Ciudadanos de ha mostrado de acuerdo en el fondo, ha señalado que no cree que los ayuntamientos sean el canal correcto y que hay otras vías "más eficientes".

Sin embargo, ha alabado la "labor encomiable" de la jueza Servini, ha exigido a todas las administraciones españolas que colaboren y ha reiterado que "se debe seguir investigando".

Por su parte, Carmelo Asensio (CHA) ha defendido su moción argumentado que una sociedad democrática y "lo suficientemente madura" debe respetar los valores de "dignidad, justicia y reparación".

Asimismo, ha instado que el homenaje a los represaliados se sitúe en un sitio público visible, en vez de colocar "una plaquita escondida donde nadie lo vea".