El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza será el órgano que decida si se eleva a los tribunales la declaración de lesividad del pago de 2,5 millones de euros que hizo el anterior equipo de gobierno del PSOE a la concesionaria del servicio de autobús AUZSA, en concepto de indemnizaciones a los 153 trabajadores despedidos.

El consejero municipal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha calificado de "hecho obsceno que con dinero público se pagaran las indemnizaciones por despidos que además se declararon improcedentes y luego se tuvieron que readmitir".

Además, ha arremetido contra el anterior equipo de gobierno municipal del PSOE porque adoptó esta decisión, estando en funciones y "48 horas antes de la investidura del alcalde" Pedro Santisteve, y cuando ya habían anunciado que apoyarían la toma de posesión del nuevo regidor de Zaragoza en Común (ZEC).

Al respecto, el consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, se ha preguntado " por qué se adoptó esa decisión con tanta urgencia, qué temor había y cual es la razón verdadera".

Erróneo

En rueda de prensa, Cubero ha indicado que "el pago de este ERE con dinero público es una decisión errónea desde el punto de vista técnico y políticamente es un ataque a la clase trabajadora por pagar despidos con dinero de todos los zaragozanos".

Cubero ha explicado que la declaración de lesividad para el Ayuntamiento --que se tendrá que decidir por el Pleno en una sesión del próximo año-- es un paso necesario para contradecir la decisión que adoptó el anterior equipo de gobierno y proceder a elevarla ante el tribunal contencioso-administrativo.

Ante la querella nterpuesta por el sindicato SOMOS sobre este asunto, Cubero ha apuntado que "tenemos que ser cautelosos hasta que el juez determine si se abre juicio".

Cubero ha preferido ser cauteloso sobre este asunto "al estar judicializado" y ha emplazado a que sean los 31 concejales reunidos en Pleno los que se pronuncien sobre la declaración de lesividad.