Una reunión del Gobierno de Zaragoza con hasta 42 acuerdos por firmar. Lo que en cualquier cita de este órgano municipal hubiera llamado la atención ya de por sí por el frenesí en la gestión que supone, en la del 11 de junio pasado fue más que chirriante. Se trataba de la última reunión del Gobierno socialista, y se producía tan solo tres días antes de que Pedro Santisteve fuera a ser investido como alcalde de Zaragoza, 18 días después de las elecciones municipales. Por lo tanto, el PSOE ostentaba la alcaldía en funciones a pocas horas de que Zaragoza en Común(ZEC) accediera al poder.

Aquella reunión fue de todo menos de trámite, ya que se adoptaron decisiones que tuvieron –o que iban a tener– repercusiones millonarias para el Ayuntamiento. Algunos de esos acuerdos han sido paralizados por ZEC para revisarlos o hasta suprimirlos. El más polémico de todos ya está en los tribunales. Se trata del acuerdo por el cual el Ayuntamiento le pagaba a Auzsa el coste que tuvo para esta empresa heredar la concesión por parte de Tuzsa, tras cambiar la contrata –a pesar de tratarse de la misma empresa–. Son dos conceptos conocidos como el ‘valor residual’ de la contrata –que se cifró en 10,7 millones de euros– y los ‘costes de puesta en marcha’ –que ascendieron a casi tres millones–. En el segundo se incluyeron los 2,1 millones de euros que pagó Auzsa en indemnizaciones a los 153 trabajadores que despidió en 2013 por los recortes que conllevó el cambio de contrata.

Este acuerdo se ha puesto en entredicho políticamente, y además ha llegado a los tribunales tras una querella del sindicato Somos que la semana pasada fue admitida a trámite. El juez ha apreciado que el escrito presentado contiene hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La querella va dirigida contra los miembros del Gobierno de Zaragoza que participaron en aquella reunión, así como contra dos altos funcionarios que rubricaron el expediente, el interventor municipal y el actual jefe de la asesoría jurídica.

Contratos de última hora

Sin embargo, aquel ‘Gobierno escoba’ de la pasada corporación dio para mucho más. En total, se adoptaron acuerdos o se dio cuenta de expedientes que superan los 30 millones de euros. Para más inri, el Gobierno no anunció públicamente ni dio cuenta de los acuerdos.

En la reunión se acordó aprobar el expediente de contratación del mantenimiento y limpieza de los centros de convivencia para mayores (4,6 millones de euros); se prorrogaron ocho contratos vinculados a la gestión de los centros municipales de tiempo libre, ludotecas, casas de la juventud y control de acceso y mantenimiento de los centros deportivos municipales de verano; se aprobó la última revisión de precios del contrato de limpieza pública, pendiente desde 2009; se contrató un crédito de 3,2 millones para pagar sentencias judiciales contrarias; se dio cuenta de otro fallo judicial por una expropiación por valor de 5 millones de euros... Así hasta 43 acuerdos, aunque muchos de ellos sí fueron de trámite o sin repercusiones económicas.

Esta circunstancia a poco más de 48 horas para el cambio de Gobierno no fue un hecho aislado, ya que la actividad contractual también fue importante durante esos días. Por ejemplo, la jornada anterior al polémico Gobierno se convocó el concurso para construir la primera fase de la construcción del nuevo parque de Bomberos de Casetas, valorado en 2,3 millones de euros, que ZEC ha paralizado. Además, los días previos salieron contratos de mantenimiento por valor de 4,4 millones.