El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza ha admitido a trámite la querella presentada el pasado 23 de octubre por el sindicato Somos contra los miembros del Gobierno socialista de Juan Alberto Belloch que autorizaron el pago a Tuzsa de los 2,1 millones de euros que costaron los 153 despidos de la empresa. El magistrado José Ignacio Martínez Esteban notificó ayer –a 48 horas de las elecciones generales– su decisión a los querellantes. El juez admite la querella al entender que, tras estudiar la documentación presentada, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.

El instructor ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza que identifique a los miembros del Gobierno municipal que aprobaron ese acuerdo, cuando solo faltaban dos días para que Pedro Santisteve fuera investido como nuevo alcalde de la ciudad. En la querella, el sindicato llama la atención sobre la "inusitada rapidez" con la que se tomó la decisión y en el hecho de que el Gobierno estaba "en funciones".

Los ediles socialistas que formaban parte del equipo de Gobierno en ese momento eran Juan Alberto Belloch –ahora magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza–, Fernando Gimeno –actual consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón–, Carlos Pérez Anadón –portavoz socialista en el Ayuntamiento–, Roberto Fernández, Lola Ranera –concejales en el Consistorio–, Jerónimo Blasco y Carmen Dueso –que actualmente no ostentan cargos públicos–. El juez quiere averiguar si todos ellos participaron en aquella reunión y si apoyaron con su voto el acuerdo.

La querella presentada por Somos –sindicato independiente próximo ideológicamente a Podemos– afecta también al interventor municipal, José Ignacio Notivoli, y al entonces coordinador del área de Presidencia y Economía y Hacienda (y actual jefe de la asesoría jurídica)Luis García-Mercadal. Los dos altos funcionarios firmaron el expediente que más tarde se aprobó en la reunión del Gobierno municipal.

La decisión judicial no es firme y puede ser impugnada ante el propio magistrado o ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. Esta querella deberá ser notificada en los próximos días a los afectados, y el juez ha pedido al Ayuntamiento que le aporte, además, qué pagos se han abonado a Auzsa con cargo al erario municipal, el pliego de condiciones, el contrato con la empresa y los informes firmados por Notivoli y García-Mercadal. Para su admisión a trámite, el magistrado requirió a Somos una fianza de 5.000 euros para responder ante el resultado del proceso, y los querellantes lo consignaron.Un polémico pago

Mediante el citado acuerdo, el Consistorio aceptó pagar a Auzsa 2,1 millones de euros por el coste que supusieron los 153 despidos de 2013, que llegaron como consecuencia de los recortes en la contrata del bus que el propio Ayuntamiento decidió. La cifra incluye 1.915.783 euros de las indemnizaciones y 221.372 euros de otros gastos del proceso, incluida una factura de 170.834 euros del prestigioso despacho de abogados de Garrigues, que defendió los intereses de la empresa. En el citado pago de las indemnizaciones también se incluyeron los 198.676 euros de sanción impuesta a Auzsa por la Inspección de Trabajo por la falta de preaviso a los trabajadores afectados.

En el acuerdo rubricado por el Gobierno socialista se especifica que el pago a Auzsa se hará de manera fraccionada en once plazos. Ya se tramitó un primer abono de 679.528 euros, el correspondiente al año 2013, que se realizó con el Gobierno de Zaragoza en Común. Posteriormente, ZEC paralizó el resto de transferencias para estudiar la posible revocación del acuerdo adoptado por el PSOE.

Después de que HERALDO publicara en su día todos estos hechos, los socialistas defendieron los "escrupulosos criterios técnicos y legales" del expediente aprobado por el Gobierno municipal y resaltaron que contó con informes favorables de "Movilidad, Hacienda, del instructor del Expediente y de Intervención".

En su querella, Somos refleja que la dirección de Finanzas "se inhibía" de informar sobre este asunto, y resalta que Movilidad "ponía en cuestión determinados costes incluidos por Auzsa, por la falta de descripción y desglose", y remitía la decisión final "a un órgano competente".