El PP pide el cese de la gerente del tranvía y ZEC dice que esperará a ver la evolución del proceso

El Ayuntamiento se limita por ahora a pedir una reunión extraordinaria de
la sociedad que construyó y que gestiona la línea. El PSOE sostiene que la investigación judicial «puede acabar con las sombras» que arrastra el proyecto.

Las obras en la plaza de España, en noviembre de 2011.
Las obras en la plaza de España, en noviembre de 2011.
Guillermo Mestre

El Ayuntamiento de Zaragoza se limitará, de momento, a mantenerse a la expectativa de la evolución de la investigación judicial sobre las obras del tranvía. Como adelantó ayer este diario, la gerente de la sociedad Los Tranvías de Zaragoza y dos ingenieros del proyecto están imputados a petición de la Fiscalía Anticorrupción por el proceso abierto en los juzgados sobre las obras. Entre otros asuntos, se están examinando los trabajos que la empresa constructora certificó y cobró, pero que no llegó a ejecutar, como el traslado de la fuente de la plaza de España.


El portavoz del PP, Eloy Suárez, anunció ayer que su grupo va a presentar una moción en el próximo pleno mediante la cual pedirán que el Ayuntamiento promueva el cese de la gerente de Los Tranvías de Zaragoza, Ana María Moreno, "por su mala gestión al frente de las obras" y por "la falta de transparencia necesaria para el control de una sociedad de economía mixta que maneja una millonaria cantidad de capital público".


El equipo de Gobierno de Zaragoza en Común, sin embargo, de momento se va a limitar a facilitar toda la información que la juez ha solicitado y a convocar una reunión extraordinaria de Los Tranvías de Zaragoza, que aún no tiene fecha, para tratar el asunto. Los responsables municipales no quisieron realizar declaraciones sobre la imputación de la gerente de Los Tranvías, y fuentes de ZEC se limitaron a señalar que aún no les consta que la notificación se haya producido. De hecho, se espera que sea el lunes cuando la juez comunique la petición del fiscal a los tres imputados: la gerente de la sociedad y los ingenieros José Antonio Carriles (de la UTE constructora) y Francisco José Calvo-Manzano (de la dirección de obra).


Desde la sociedad que gestiona la línea no quisieron realizar ninguna valoración sobre las imputaciones ni sobre la petición de cese de la gerente. También las eludió el anterior vicealcalde de la ciudad y actual consejero del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno: "No voy a hacer declaraciones porque ni estoy en la adjudicación del tranvía ni en las certificaciones técnicas. Ni estaba ni estuve nunca".


El resto de grupos municipales quisieron ser prudentes sobre este asunto. Fuentes del PSOE dijeron que "en el Ayuntamiento no constan las imputaciones" y que la situación "es la misma que había antes". Dijeron que la investigación judicial "puede terminar con las sombras del tranvía". Además, desde el PSOE criticaron al PP "por reabrir el asunto cada cierto tiempo". "Suárez se va de la misma manera que entró al Ayuntamiento, termina una época dura y característica", llegaron a afirmar.


Desde Ciudadanos, su portavoz, Sara Fernández, señaló que quieren esperar a tener "más información" sobre el asunto, y que no son partidarios "de politizar procesos judiciales". Su homólogo de CHA, Carmelo Asensio, insistió en que reclamarán la reunión extraordinaria de la sociedad Los Tranvías, y que van a revisar "toda la documentación que se facilitó sobre las obras que no se realizaron".Las obras no ejecutadas

En la comisión extraordinaria que se convocó en el Ayuntamiento a petición del PP para tratar la certificación de las obras no ejecutadas, el equipo de gobierno socialista admitió que estos trabajos nunca se realizaron, pero defendió que se compensaron por otros no previstos. Las intervenciones que estaban contempladas pero que no se hicieron fueron el traslado de las fuentes de la plaza de España y de la plaza de Paraíso, el cambio de entrada y salida del parquin de Puerta Cinegia y la construcción de una nave de servicios en las cocheras de Parque Goya.


Todos estos trabajos no ejecutados están dentro de la última certificación de obra, la número 41, y se facturaron sus importes. La juez, a instancia del fiscal, ha imputado a las tres personas citadas anteriormente para que aclaren si esos trabajos se hicieron o no y, en caso de que no se ejecutaran, por qué aparecen en la certificación.

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