Juzgan a un estafador que se tiene por experto en negocios y en inteligencia emocional

Álvaro Lalana Algarate y su mujer Gertrúdis Marcianis fueron juzgados ayer en la Audiencia Provincial por un presunto delito de estafa del que fue víctima una pareja que terminó entregando al matrimonio 98.000 euros para montar un bar de una supuesta franquicia y terminó perdiendo el dinero y su propio negocio. El fiscal solicita 5 años de prisión para el acusado y tres y medio para la mujer, petición que la acusación particular, ejercida por el abogado Miguel Tejada, eleva a 8 años para cada uno de ellos. La defensa, a cargo del letrado Alexis Guajardo Yus, reclama la absolución.

Las acusaciones mantienen que, a principios de 2012, los acusados entablaron contacto con un matrimonio que regentaba un bar y tenía un hijo con problemas de conducta. Poco a poco estrecharon la relación ya que Álvaro Lalana se presenta como un experto en asuntos de autoayuda e inteligencia emocional –incluso de temas psiquiátricos, jurídicos, empresariales...– lo que a la pareja, dado el trance por el que pasaba, le venía muy bien. Lalana le aplicó una terapia y les acompañaba hasta a las visitas con los médicos.

Paralelamente a esta "ayuda", los acusados plantearon a la pareja crear una franquicia de bares con el nombre Alquimia Rose y La Maravilla. Según declararon ayer, su imagen de solvencia les llevó a aceptar. De hecho, a cambio de los primeros 25.000 euros que les pidieron, los acusados les entregaron un lingote de oro. Pero luego se lo volvieron a pedir y ya no volvieron a verlo. En total y mediante diferentes argucias, les entregaron hasta 98.000 euros.

Los acusados negaron haber engañado a la pareja y dijeron que se trataba de un "empréstito empresarial" y que todo el dinero se aportaba a un "fondo común".

En el juicio declararon dos médicos que aseguran que también fueron estafados por Lalana, ya que les propuso crear una especie de comunidad tipo Proyecto Hombre (llamada Azuara). Uno de los facultativos les dio 32.000 euros y otro, 18.000, y la iniciativa nunca se puso en marcha. Esta denuncia está pendiente de tramitarse. La pareja fue condenada en febrero de 2015 a penas de entre dos y tres años y medio de cárcel.