El exdirector de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Zaragoza Alfredo Romero ha asegurado este lunes que "jamás de los jamases" se quedó dinero de la venta de los catálogos que se editaban de las exposiciones del Palacio de Sástago y que éste era destinado a pagos imprevistos de las muestras.

Romero ha hecho estas afirmaciones en la primera jornada del juicio con jurado popular que se celebra contra él en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza por malversación de caudales públicos y blanqueo, un delito por el que también se sienta en el banquillo su esposa, María Teresa Colomer.

El Ministerio Público pide para el exdirector, que según la acusación se apropió presuntamente de 37.975 euros entre 2003 y 2011, diez años de cárcel y nueve de inhabilitación, mientras que para su mujer, por el delito de blanqueo, solicita cinco años de prisión, 100.000 euros de multa a cada uno de ellos y reintegrar la cantidad supuestamente sustraída.

Romero, a preguntas de la fiscal Pilar Cavero y el abogado de la Diputación, Rafael Alcázar, ha insistido en que "jamás" se apropió de ese dinero, que no tenía responsabilidad en la edición de los catálogos y que no se establecía un precio fijo para su venta, de la que se encargaban las azafatas y cuya recaudación dejaban éstas y los guardias de seguridad en una caja fuerte y en un armero del cuarto de seguridad.

Ha señalado que salvo en tres ocasiones, fruto de otras tantas exposiciones, nunca recibió el dinero (en unos sobres diarios con una hoja manuscrita, sostiene la fiscalía) recaudado por la venta de los catálogos y que nunca lo derivó a las cuentas bancarias que tenía junto a su mujer.

Su cargo, ha enfatizado, no tenía funciones ejecutivas ni firma administrativa reconocida y su principal función era la de asesor artístico de los diputados provinciales de la comisión de cultura, que tenían que dar el visto bueno a las muestras antes de pasar a su aprobación definitiva.

Según ha explicado Romero, quien ha precisado que no es funcionario sino contratado laboral desde 1986, el personal de los servicios de cultura, que montaban las exposiciones, podían acceder a ese dinero para pagar gastos extraordinarios e imprevistos y que "no había mala fe", sino que era un proceder que se remonta muchos años atrás y que "todo el mundo lo sabía".

"Esos dineros no los cogía yo", ha reiterado el exdirector, quien ha reconocido que se utilizaban para gastos no previstos, como comprar la bombilla de un proyector o hacerse con elementos (cesión de particulares) para una exposición sobre lo que no es posible recibir una factura.

A su juicio, esta situación es fruto de la falta de control y fiscalización por parte de la corporación a cuyo tesorero, ha dicho, emplazó a que estableciera una norma sobre los catálogos (precio), cosa que, ha remarcado, no hizo hasta que, una vez cesado Romero, remitió la documentación de esta presunta malversación a la fiscalía y la policía, que lo detuvo en junio de 2013 en la puerta de su casa, ha lamentado.

Los catálogos que se editaban (entre 1.000 y 3.000) no siempre se vendían y muchos eran entregados a los diputados de la corporación, a bibliotecas públicas o se obsequiaban, ha dicho el exdirector, quien ha resaltado que esta practica se ha mantenido desde 1984, año en el que se hizo la primera muestra en el palacio, con él como comisario de la misma.

Según el ministerio público, el exdirector se quedó con el dinero de la venta de los catálogos y dio instrucciones al personal de seguridad para que hicieran desaparecer las anotaciones de las azafatas, aunque se han recuperado las relativas a once de las 24 exposiciones que se hicieron con catálogo, con cantidades de entre 60 y 2.610 euros.

De estas cifras, el Ministerio Público calcula que se apropió de 37.975 euros en connivencia con su esposa, una funcionaria con despacho privado de atención psicológica, quien ha declarado en la vista que todos los ingresos de la pareja en sus tres cuentas son fruto de su trabajo profesional.

Como su marido, ha rechazado que el dinero fuera utilizado para la compra por unos 76.000 euros de una casa en Fuendetodos (Zaragoza), para cuya rehabilitación, según ha explicado Morales, suscribieron sendas hipotecas por un total de 300.000 euros, de los cuales destinaron unos 200.000 a esos trabajos y el resto a otros asuntos y pagos.

La mujer ha calificado este caso como una "calumnia" y una "infamia", ha señalado que el dinero que tiene la familia es fruto de su trabajo, que ella se encargaba de la economía domestica y de sus hijos y que no concibe una conducta de este tipo en su marido, con el que lleva viviendo 22 años.

Este juicio, que continúa mañana con la declaración de 18 testigos y dos periciales, se debía haber celebrado en junio de este año, pero fue aplazado a causa de una dolencia cardiaca de Alfredo Romero, quien fue ingresado en la UCI del hospital Miguel Servet.