El área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza contará con un nuevo servicio de Igualdad para impulsar políticas de género y que no supondrá mayor dotación presupuestaria.

Así lo ha anunciado la consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto, tras la reunión de la Comisión del área que preside y en la que ha informado además sobre la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, la situación de las ayudas de urgente necesidad y la llegada de refugiados, entre otros asuntos.

Según ha explicado Broto, la Casa de la Mujer formará parte del servicio de Igualdad, dentro de la concejalía delegada de Educación Inclusión, informan fuentes municipales en una nota de prensa.

Respecto a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, la consejera ha anunciado que "si el 31 de diciembre de 2015 la Comunidad Autónoma de Aragón no asume el desarrollo de las competencias prestadas por Zaragoza, o firma un convenio marco para su delegación, los servicios seguirán prestándose por parte del Ayuntamiento con cargo a la Comunidad Autónoma".

En el caso de que el Gobierno de Aragón no transfiera las cuantías necesarias para su aplicación, "el Ministerio retendrá al Gobierno Autonómico el presupuesto y se lo entregará directamente a la Administración local", ha explicado Broto, quien considera "crucial" la firma de un convenio marco con DGA "lo antes posible".

Broto también ha destacado la celeridad a la hora de conceder el Ingreso Aragonés de Inserción por parte del Gobierno de Aragón, lo que "está repercutiendo positivamente en las ayudas de urgente necesidad".

Por otro lado, la consejera ha anunciado que en el próximo Pleno se aprobará una modificación de crédito de 800.000 euros para becas de comedor.

La responsable de Derechos Sociales también ha hecho referencia a la situación de los refugiados que llegan a Europa y ha calificado de "inaudito que con la entrada del invierno todavía no se conozca cómo se va a producir su llegada a España".

La consejera ha llamado a la "responsabilidad del Gobierno central y de la Unión Europea" y ha vuelto a agradecer la solidaridad de la sociedad civil, recordando que serán entidades sociales quienes gestionen su acogida.