Velasco: "El Consejo de Plaza no aprobó ningún proyecto dudoso"

El Consejo de Administración de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) "nunca" aprobó ningún proyecto "dudoso", ha afirmado este martes el exconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Javier Velasco.

Los titulares del Gobierno de Aragón que formaron parte del Consejo durante la etapa que investiga la Sección VI de la Audiencia Provincial de Zaragoza, entre 2006 y 2008, han declarado este martes como testigos, durante la segunda sesión de la vista oral del Caso Codesport.

Los magistrados Carlos Lasala, Rubén Blasco y Alfonso Ballestín deben esclarecer si el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el empresario Agapito Iglesias, expresidente del Real Zaragoza, el exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno de Aragón, Carlos Escó, y el exdirector técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez, se apropiaron de forma ilícita de 18 millones de euros en el proceso de compra-venta de 119 naves industriales construidas por Codesport para Autocity a través de Plaza.

Los cuatro se sientan en el banquillo de los acusados por los delitos de malversación, estafa, falsedad y administración desleal, por los que el fiscal anticorrupción Javier Checa y las acusaciones particulares del Gobierno regional, Plaza y UPyD han pedido entre 13 y 15 años de prisión para cada uno de ellos.

Los miembros del Consejo de Administración "disponían de la documentación" en cada caso y si había algún documento que requería "un análisis más profundo" se posponía la toma de decisiones, ha aseverado Velasco.

Velasco ha señalado que el precio de las naves aumentó porque se incrementó el número de módulos y la urbanización. "No tenía que haber consulta" a los servicios jurídicos porque el asesor del Consejo, Manuel García Figueras, los supervisaba antes.

El Consejo tiene conocimiento de que "hay un interés por parte de un propietario de comprar todas las naves para un fin específico" en diciembre de 2005 y el contrato de arras con Autocity se aprobó en el Consejo en marzo de 2006 y se analizó "hasta tal punto que una de las claúsulas no se autoriza", en alusión al artículo en el que se modifican los usos de las naves. El 'Documento cero', uno de los pilares de la investigación, "no se conoció en el Consejo", ha agregado.

También ha dicho que "los técnicos correspondientes" autorizaban los pagos y que había unos límites, aunque no ha recordado las cifras. En el sumario consta que estos límites eran de 10.000 euros, cifra a partir de la cual se mancomunaba la autorización entre el gerente y el consejero delegado, y a partir de tres millones la responsabilidad era del presidente de la sociedad pública.

Los miembros del Consejo no recibían "en absoluto" instrucciones del Ejecutivo autonómico, ha continuado Velasco, puntualizando que algunos eran consejeros del Gobierno y otros representaban al Ayuntamiento de Zaragoza y a las entidades financieras.

El exconsejero de Economía y expresidente del Real Zaragoza S.A.D., Eduardo Bandrés, miembro del Consejo de Administración entre el año 2000 y el 6 de junio de 2006, ha comenzado su declaración aclarando que el contrato con Autocity se aprobó después de que él dejara este cargo.

Ha dicho que en 2005 el Consejo fue informado de que "había una posibilidad de venta de todas las naves modulares que se iban a construir y que iba a aumentar el coste". Ha añadido que no vio "ningún documento técnico" sobre esta operación."Facilidades"

El extitular de Medio Ambiente, Alfredo Boné, miembro del Consejo entre 2000 y 2011, ha expuesto que "tuvimos todas las facilidades del mundo", observando que no conoce el 'Documento cero', la base del acuerdo de Plaza con Autocity y "no se dio ninguna explicación" sobre el acuerdo de la dirección de Plaza respecto del pliego de condiciones que propició el contrato de venta de las 119 naves industriales.

"Yo me he sentido siempre informado en ese Consejo", ha afirmado el exdirector general de Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Zaragoza, Ricardo Cavero, quien ha añadido que se les informaba de las cuentas anuales, entre otros asuntos. "Se informaba bastante".

El extitular de Obras Públicas Alfonso Vicente, miembro del Consejo entre octubre de 2007 y junio de 2011, ha subrayado que "se aportaba información suficiente" y que en el plan de negocio 2006-2012 se recogía la existencia de sobreprecios.

La exconsejera de Ciencia, Tecnología y Universidad María Teresa Verde, miembro del Consejo de Plaza entre junio de 2004 y enero de 2010, ha explicado que conocían la documentación en las reuniones y "se podía consultar después esa información o alguna complementaria que pudiera haber".

El exconsejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional Alberto Larraz ha declarado que en general no se les aportaban previamente documentos técnicos y ha puntualizado que "nunca" se estudiaron facturas en las reuniones del Consejo.

El extitular de Economía y Empleo Francisco Bono, representante del Gobierno en la plataforma desde otoño de 2004 hasta verano de 2010, ha dicho que, normalmente, informaban al Consejo el gerente, Ricardo García Becerril, el director general y, en ocasiones, el consejero delegado. Antes de las reuniones no se les daba información, pero "en otras sociedades tampoco se aporta".

El actual consejero de Hacienda y Administración Pública, consejero de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza en la etapa investigada, ha comentado que el Ejecutivo regional va a abordar la refinanciación de la deuda de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, no solo de Plaza.Trabajo previo "adecuado"

El exrepresentante de Caja Inmaculada Fernando Hernando ha comentado que "nunca" tuvo la impresión de que "no hubiera un trabajo previo adecuado" y que se les informaba en las reuniones. No participó en la reunión en la que se habló de la naves.

El asesor jurídico externo del Consejo, José Manuel García Figueras, ha hecho hincapié en que "desde el minuto uno" se acordó que "había que compensar a Codesport" por el encarecimiento de las obras y José Luis Abad, exconsejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad, ha afirmado que desconoce el contenido del 'Documento cero'.

José Luis Rodrigo Moya, quien representó a Ibercaja, ha afirmado que los directivos de la sociedad pública explicaron al Consejo que la decisión de Autocity de no comprar las 119 naves encargadas a Codesport no causaría ningún quebranto, ya que "por su ubicación sería muy fácil la venta". La vista oral se reanudará este miércoles con la declaración de los peritos.