El anterior Gobierno municipal, liderado por el socialista Juan Alberto Belloch, aprobó que el Ayuntamiento pague durante la próxima década los 2,1 millones de euros que le costaron a Auzsa los despidos de 153 trabajadores en agosto de 2013, como consecuencia de los recortes en la contrata del bus que el propio Consistorio decretó. Ocho meses después, esos empleados empezaron a volver a sus puestos de manera gradual, después de que el Ayuntamiento decidiera ampliar de nuevo el volumen de la contrata ante la presión política y social que surgió.

El expediente, que contó con informes positivos del interventor y de los servicios jurídicos municipales, estuvo más de un año tramitándose, aunque no se aprobó hasta la última reunión del Gobierno socialista, dos días antes de la investidura de Pedro Santisteve (ZEC). De hecho, el primer pago ya se ha tramitado con el nuevo equipo de Gobierno. Pese a ello, ZEC va a revisar el documento, con el que de entrada no está de acuerdo, en un contexto de fuerte presión ejercida sobre las contratas municipales.

El 1 de agosto de 2013 cambió el contrato del autobús urbano de Zaragoza. El concurso lo volvió a ganar Tuzsa, que a partir de entonces pasó a llamarse Auzsa. El nuevo servicio contaba con 2,9 millones de kilómetros menos, por lo que la empresa decidió prescindir de buena parte de la plantilla: finalmente, fueron 153 los trabajadores despedidos.13,8 millones en total

Como recogía el pliego de condiciones redactado por el Ayuntamiento, esta segunda empresa tuvo que pagarle a la primera -aunque realmente las dos fueran la misma- ciertos gastos. Por un lado, el llamado ‘valor residual’ obligaba a pagar por los bienes que aún no se habían amortizado. El Gobierno municipal lo cifró en 10,7 millones de euros, -la empresa pedía 11-, correspondientes fundamentalmente al valor que aún tiene la flota de autobuses (10,2 millones de euros).

Además, a esto hay que sumar los llamados ‘costes de la puesta en marcha’, otros 3 millones por varios conceptos. Allí se incluyó el impuesto de transmisiones patrimoniales que hubo que pagar, los folletos y pegatinas de la nueva empresa... y también los gastos de la reestructuración de personal, es decir, los 2,1 millones que costaron los 153 despidos.

Esta última cantidad incluye 1.915.783 euros en indemnizaciones a los trabajadores, 170.834 euros por el servicio del despacho de abogados de Garrigues, 30.844 euros de ‘consultoría y mediación corporativa’, 7.932 euros de la ‘Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos’ y 11.760 euros de la Confederación de Empresarios de Zaragoza.

Entre un concepto y otro, en total son 13,8 millones de euros que el Ayuntamiento debe pagar en once años, como recoge el pliego de condiciones. La solicitud de Auzsa del cobro de estas cantidades entró en el Consistorio en abril de 2014. Después de discutir algunos conceptos, el Gobierno municipal socialista acordó aprobar el pago el pasado 11 de junio, sin poner reparos al asunto de los despidos. Tampoco lo hicieron el interventor, ni el área de Economía ni el director de Finanzas. El área de Movilidad no se mojó con este asunto, y pidió que resolviera "un órgano competente".

En el documento finalmente rubricado por el PSOE también se reconoce el derecho a cobrar ya 679.528 euros del primero de los once plazos, lo correspondiente al año 2013. El pago se ha tramitado ya bajo el gobierno de Zaragoza en Común, que ha sido quien finalmente lo ha autorizado. Sin embargo, ahora parece dispuesto a revisarlo.