El juicio contra Agapito Iglesias y Carlos Esco por el caso Naves comienza el día 21 de este mes
La investigación sobre las obras de Plaza se lleva a cabo en diferentes juzgados, que mantienen imputadas a unas 25 personas.
El expropietario del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, y el exviceconsejero socialista del Gobierno aragonés, Carlos Esco, entre otros, serán juzgados a partir del próximo día 21 por una presunta malversación millonaria en la construcción de unas naves en la Plataforma Logística Plaza.
El juicio, el primero que se celebra relativo a los procedimientos abiertos por la ejecución de la plataforma logística Plaza, una de las mayores de Europa, se celebrará en la sección sexta de la Audiencia Provincial y presumiblemente durará tres días, han informado hoy fuentes del Tribunal Superior de Justiica de Aragón.
Para ambos, el fiscal pide de forma preliminar una pena de 12 años de cárcel por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, estafa y administración desleal en la construcción de 119 naves y eleva hasta 34 millones de euros la fianza solicitada por responsabilidad civil.
Los mismos años de cárcel pide el fiscal para los otros dos acusados en este caso, Ricardo García Becerril, exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), y Miguel Ángel Pérez, exdirector técnico de Plaza, a los que atribuye los mismos delitos.
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, había fijado inicialmente una fianza de 18.850.000 millones de euros, que elevó a 34 millones y que debieron hacer frente solidariamente los cuatro imputados.
Además, fijó otra fianza de 24,5 millones para la empresa Codesport, como responsable civil.
El "Caso Naves", como se conoce esta investigación judicial, tiene su origen en la construcción de 199 naves por parte de la empresa de Agapito Iglesias Codespesport, que concluyó las obras por unos 32 millones, 17 más de lo presupuestado inicialmente, lo que para las acusaciones es un sobrecoste injustificado.
En este caso están personadas como acusación la Fiscalía, que pide 12 años de prisión para cada uno; la gerencia de Plaza, que solicita entre 11 y 12; el Gobierno aragonés, entre 12 y 14; mientras que el partido UPyD, que pidió entre 15 y 16 años de prisión, se ha retirado del proceso.
Estas acusaciones piden distintas indemnizaciones, que van desde los poco más de 15 millones que solicitan el ministerio público y el Ejecutivo autonómico, a los 17,8 millones de la gerencia de la plataforma logística.
La investigación sobre las obras de Plaza se lleva a cabo en diferentes juzgados, que mantienen imputadas a unas 25 personas.
La instrucción del caso terminó el pasado mes de enero, tras rechazar el juez las nuevas pruebas que pidieron las defensas de los imputados y considerar que había indicios suficientes para cerrar la investigación sobre este presunto desfase millonario en la construcción de las naves.
