​Broto insiste en la imposibilidad de revocar el contrato del COA

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha insistido en que "no es posible revocar el contrato" concedido a la empresa Intress para que comience a gestionar el Centro de Observación y Acogida de Menores (COA) a partir del próximo 1 de septiembre "porque hablaríamos de una prevaricación".

Así lo ha manifestado Broto en declaraciones a los medios de comunicación, en el acto de cesión de un local del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a la Asociación de Vecinos José Oto del barrio de La Jota de Zaragoza.

La consejera se ha pronunciado de esta forma después de que el colectivo 'Educadores en lucha', que agrupa a los empleados del COA, haya anunciado este lunes que continuarán con la huelga que realizan desde el pasado mes de noviembre si el contrato con la nueva empresa Intress se hace efectivo a partir del próximo 1 de septiembre.

Los educadores han afirmado que "las razones que dieron lugar a la huelga están plenamente vigentes en este escenario, especialmente el incumplimiento de la Ley de la Infancia y Adolescencia en Aragón y otras disposiciones legales sobre los derechos de los menores sujetos a protección y tutela de la Administración y la disminución del número de educadores".

Por su parte, la consejera ha señalado que visitó la semana pasada las instalaciones del COA y allí "se puso en valor el trabajo que se está llevando a cabo con esos menores", por lo que ha felicitado a educadores y funcionarios. Además, ha afirmado que habló con los educadores que estaban presentes y se les explicó la situación. "Ahora mismo tenemos un contrato firmado por el gerente del IASS" y tras "consultar a los servicios jurídicos" se ha llegado a la conclusión de que "no es posible revocar el contrato porque hablaríamos de una prevaricación".

Ha añadido que está dispuesta a hacer las cosas bien en este y en otros temas y por eso "vamos a hacerlas de acuerdo con la legalidad, pero también garantizando y exigiendo que estos menores tengan la atención adecuada, que nadie lo dude". La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales ha asegurado que "son una prioridad de este Gobierno" y ha garantizado que se va a trabajar por el cumplimiento del contrato.