El Ayuntamiento de Zaragoza acudirá al fondo de inversión local creado en junio por el Ministerio de Hacienda para obtener los 90 millones de euros que deberá pagar entre 2015 y 2016 en cumplimiento de sentencias firmes de contenciosos que, en algunos casos, se remontan a finales de los 90.

Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, tras la reunión en la que el gobierno municipal ha tomado la decisión, después de conocer los primeros datos de la auditoría financiera encargada por el gobierno y de la que se desprende que existen 38 sentencias firmes sin consignación presupuestaria a las que hay que dar cumplimiento durante este año, y que suponen 44,8 millones de euros.

A ellas, según el alcalde, se suma el coste de otras sentencias que el consistorio deberá afrontar durante 2016 y que será también de más de 45 millones de euros, sumando los 90 que en total se van a pedir al citado fondo de inversión local. 

En un primer momento, el consistorio solicitará los 44,8 millones que hay que abonar este año, puesto que el plazo de solicitud concluye el 22 de agosto y se refiere únicamente a sentencias firmes, y presentará además la petición por la previsión de los otros 45 millones que calcula que deberá abonar en 2016. El ayuntamiento pagará un 1,3 por ciento de interés fijo anual a partir de enero de 2016, en una operación a diez años.

Además, el alcalde ha recordado que el ayuntamiento está obligado a consignar en los presupuestos del año que viene un fondo de contingencia dotado con unos fondos que supongan el uno por ciento de los gastos no financieros de los presupuestos actuales. Esta cantidad deberá ascender a 6.2780.000 euros. El pago de las 38 sentencias que es obligatorio cumplir en 2015 asciende exactamente a 44.817.270 euros, y de ellos casi 20 millones son en concepto de intereses por demora.

Para el alcalde, esta situación se ha producido por la "falta de prudencia financiera y económica" de anteriores gobiernos municipales, que a su juicio, "deberían haber provisionado fondos" para hacer frente a estas obligaciones que eran "conocidas y previsibles". Por el contrario, sólo se habían consignado en los presupuestos de 2015 un total de 250.000 euros para hacerles frente.

El ayuntamiento, ha agregado Santisteve, quiere lanzar un "mensaje claro" a los proveedores de que va a cumplir con sus obligaciones, pero también constatar que se va a "salvaguardar" el ejercicio de los servicios públicos municipales. Para el alcalde, esta situación tiene varias causas, una de ellas la "lentitud de la justicia", sobre todo en el ámbito de lo contencioso-administrativo, en tanto en cuanto hay litigios que datan de finales de los años 90.

Entre ellos, el procedimiento por el proyecto de urbanización de al avenida Puente del Pilar, que data de 1998 y cuya sentencia se produjo en 2008. El pago de esta sentencia obliga al abono de 4,9 millones de euros por el principal de la deuda y de 5,5 millones por los intereses. También ha lamentado la "estrategia" de "patada hacia adelante" seguida tradicionalmente en el ayuntamiento, que de forma "consciente y premeditada" ha recurrido sentencias con "difícil encaje jurídico", trasladando el problema a posteriores corporaciones.

Y ha lamentado la utilización de los servicios jurídicos del consistorio como una "vía encubierta" de financiación municipal. Santisteve, por otro lado, ha insistido en que estos problemas se generan también por la dejación de responsabilidades del Estado, que no asume "con rigor y lealtad" la reforma de la financiación de los entes locales, y que ha obligado a Zaragoza a tener que recurrir a un fondo de impulso que no satisface al gobierno municipal pero que es mejor opción que acudir a los mercados financieros.