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El alcalde busca el apoyo de los jueces ante los desahucios

Se reunió con el presidente del TSJA y el juez decano de Zaragoza. Reconoce que "tienen un problema de cumplimiento estricto de la legalidad".

Pedro Santisteve une Economía y Cultura y pone al frente a Fernando Rivarés en Zaragoza
Santisteve en una reunión con su grupo en el Ayuntamiento
Asier Alcorta

El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, se ha reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, y con el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, para buscar alternativas ante los desahucios, diez previstos el próximo mes de julio.

En declaraciones a los medios, Santisteve ha asegurado que la reunión, que ha durado cerca de una hora, ha sido "fructífera", centrada en la posibilidad de mejorar los mecanismos de colaboración con la administración de justicia para facilitar a los afectados por procesos de desahucio, tanto de viviendas en propiedad como de alquiler, un conocimiento de los sistemas de acción social, que en su opinión han podido "fallar" hasta ahora.

En el encuentro, ha explicado el alcalde, se han intentado buscar vías de acuerdo para convocar una mesa en la que estén representados todos los sectores afectados en estos procesos -desde abogados a procuradores, servicios sociales, el ayuntamiento y el poder judicial- para tratar de que las personas afectadas por desahucios cuenten con una alternativa habitacional.

"Desde el ayuntamiento vamos a intentar potenciar estas medidas", ha asegurado Santisteve, quien ha admitido, respecto a la posibilidad que tienen los jueces de parar o retrasar desahucios, que "tienen un problema de cumplimiento estricto de la legalidad".

No obstante, ha hecho hincapié en que sí les interesa ver de qué forma pueden los servicios sociales tener un conocimiento rápido ante estos procesos para una actuación "eficaz", ya que la legislación marca criterios "exprés" para los desahucios que dan "muy estrecho margen a la administración de justicia para moverse, por mucho que puedan adoptar muchos de sus magistrados una actitud de sensibilidad social con el problema".

Por su parte, la concejala Luisa Broto ha informado de que el próximo mes de julio ya están previstos diez desahucios en la ciudad y que el ayuntamiento va a poner todos los medios a su alcance para dar a los afectados alguna alternativa, analizando cada caso, y en ese sentido, ha indicado que ya han mantenido conversaciones con Zaragoza Vivienda.

El ayuntamiento, ha afirmado el concejal Pablo Híjar, va a actuar en esos diez desahucios en la medida de todas sus posibilidades, incluso con la presencia de concejales en las viviendas en las que se van a producir para intentar evitarlos.

"Zaragoza no se puede permitir más imágenes como las que hemos vivido estos últimos cuatro años de familias saliendo de sus casas", ha aseverado Híjar.

Broto ha añadido, respecto a los requisitos que deben cumplir los afectados para ser realojados, que existe un convenio que establece criterios de vulnerabilidad y económicos y si hay menores, pero el objetivo es intentar que sean "más inclusivos", con la mesa que se quiere poner en marcha y con un trabajo previo con el próximo gobierno de Aragón.

Además, ha concretado sobre las alternativas habitacionales que puede dar el ayuntamiento a estos afectados, que actualmente puede responder en parte a esta demanda, que corresponde al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), y que intentará responder "según cada circunstancia".

Respecto a la legislación, Broto ha explicado que el próximo paso del nuevo equipo de gobierno municipal será intentar que el próximo Ejecutivo aragonés impulse una nueva ley de vivienda que dé un margen en estos procesos, dada su competencia en cuanto a la demanda habitacional.

En cuanto a la oficina de mediación hipotecaria del ayuntamiento, Híjar ha insistido en la intención del equipo de gobierno es de transformarla en una oficina de atención de vivienda, al existir problemas relativos a las hipotecas y también a alquileres, que actúe de una manera global, de acuerdo con los servicios de atención social y de forma "temprana".

El objetivo, ha agregado, es que haya un protocolo que permita al ayuntamiento no solo informar a los afectados de las posibilidades que tienen desde el punto de vista legal para defender sus derechos, sino también para profundizar en la política de realojo teniendo en cuenta los convenios que puedan existir con el poder judicial.

Santisteve ha informado además que tienen previsto reunirse con las entidades bancarias, probablemente la semana que viene con Ibercaja.

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