La DGA autorizará el colegio privado de Cuarte si cumple la legislación educativa

El Gobierno de Aragón autorizará la apertura del futuro colegio privado de Cuarte de Huerva atendiendo solo a "criterios objetivos", es decir, si cumple con la legislación educativa.

La DGA prefirió no valorar la investigación abierta contra la empresa que promueve este centro, Alfedel, que está salpicada por la Operación Púnica, y recordó que los terrenos donde se va a construir son de propiedad privada (ni municipal ni autonómica).

En este sentido, fuentes del Departamento de Educación apuntaron que, una vez que el colegio esté listo -algo que está previsto para el próximo septiembre-, la administración acudirá a revisar si las infraestructuras y la plantilla de profesores cumple con la normativa educativa (entre otros aspectos) y, si es así, procederá a dar la autorización de apertura.

Lo mismo ocurrirá con la solicitud, ya cursada, para que el colegio privado pase a ser concertado. Educación manifestó que su autorización depende en exclusiva de que el centro cumpla con la orden autonómica que regula los conciertos. La resolución definitiva se conocerá el próximo 15 de abril.

La empresa Alfedel mostró su interés por construir un colegio privado en la zona de Santa Fe en noviembre del año pasado. Según explicó ayer el alcalde de Cuarte, Jesús Pérez, fue el propietario de la empresa Alfedel, Alfonso Ferrón del Río, que está imputado, el que estuvo en el Ayuntamiento de Cuarte para explicar el proyecto. "Dijeron que estaban interesados en esto y que habían mirado ya los terrenos. Fue una visita cordial. Pidieron que si era posible agilizar los trámites y nosotros les dijimos que si todo estaba correcto, no habría ningún problema", recordó.

Reparcelación de la zona

El alcalde de Cuarte aseguró que Ferrón del Río llegó a la reunión acompañado de varios técnicos y que estos mismos han sido los que han mantenido contacto posterior con el arquitecto municipal para seguir con la tramitación. En el último pleno se aprobó definitivamente el estudio detalle para la reparcelación de la zona, ya que los dos solares que utilizarán para levantar el colegio están separados por una calle.

Los técnicos dieron ya el visto bueno para esta permuta de terrenos que pasa por destinar la vía pública ocupada por el solar a ensanchar las aceras del perímetro de la parcela resultante.

Jesús Pérez aseguró que el Consistorio conoció poco después de reunirse con el responsable de Alfedel que esta empresa estaba relacionada con la trama Púnica -algo de lo que se enteró a través de los medios-. "Si están salpicados por la Operación Púnica, lo tendrá que decir un juez", dijo Pérez. El aragonesista defendió el proyecto porque amplía la oferta educativa del municipio y creará puestos de trabajo. El regidor recordó también que se trata de terrenos de particulares.

Por su parte, el edil de CHA, Bizén Fuster, aseguró que su grupo se abstuvo en las decisiones plenarias porque "hay una sombra de sospecha sobre la empresa que lo promueve".

La cooperativa que impulsa el proyecto, Ánfora, fue la que presentó el estudio de detalle para la reparcelación en el Ayuntamiento. Enrique Bilbao, presidente de esta cooperativa, también se acercó hasta el Consistorio en su día para explicar que iban a comenzar con la selección de personal.

El propio Enrique Bilbao explicó ayer a este periódico que la cooperativa confía en que el Gobierno de Aragón resuelva en breve su solicitud de concierto y las obras puedan comenzar a finales de marzo. Según sus planes, el centro podría levantarse en seis meses para abrir sus puertas en septiembre con la primera fase (Infantil y Primaria). Bilbao quiso dejar claro que ellos son una cooperativa, "y Alfedel solo nos ha prestado unos servicios".

Precisamente, Alfedel impulsó una veintena de colegios concertados, como especifica en su web, que ayer no podía consultarse. Al parecer, esta empresa habría pagado presuntamente mordidas de hasta 1,2 millones de euros a Francisco Granados y su socio, David Marjaliza, por cada colegio que ponían en marcha.

Según publicó el martes ‘ABC’, el que fue secretario general del PP y su socio se lucraban usando sus influencias políticas para que los ayuntamientos cedieran suelo a un precio muy inferior al de mercado.