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Zaragoza

Las Cortes responsabilizan a cinco miembros de gobiernos del PSOE del caso Plaza

Entre ellos están Carlos Esco, imputado por irregularidades en contratos, Javier Velasco y Alfonso Vicente.

El dictamen de la comisión de Plaza llega a las Cortes
Las Cortes responsabilizan a cinco miembros de gobiernos del PSOE del caso Plaza
José Miguel Marco

El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves que tienen responsabilidad política en la gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) cinco miembros del PSOE de los gobiernos de Marcelino Iglesias.

Se trata del ex consejero delegado de Plaza y ex viceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, y de los ex consejeros de Obras Públicas Javier Velasco y Alfonso Vicente y de Economía y Hacienda Eduardo Bandrés y Alberto Larraz.

El pleno de las Cortes lo ha acordado con los votos de PP, CHA e IU, y formará por tanto parte del dictámen de la Comisión de Investigación de las Cortes sobre la gestión de Plaza que este órgano aprobó por unanimidad tras 23 sesiones sin fijar por falta de acuerdo esas responsabilidades, que han rechazado PSOE y PAR.

Solo Velasco y Vicente siguen activos en política como diputados del PSOE en las Cortes y miembros de la Mesa del parlamento, como vicepresidente segundo y como secretario segundo, respectivamente, quienes tras la votación en el Pleno han rehusado hacer declaraciones, mientras que Esco está imputado por presuntas irregularidades en varios contratos de Plaza.

A pesar del consenso que todos los portavoces han destacado en las conclusiones, el socialista Javier Sada ha incidido en que no existen esas responsabilidades políticas en la gestión de Plaza entendidas como consecuencia de una acción con efectos negativos tomada a sabiendas o por omisión a tenor de las comparecencias, 71 en total, y de la documentación analizada en la Comisión, que se ha desarrollado "sin cortapisas y ni un solo veto".

Para Sada, tras un ingente trabajo "con luz y taquígrafos", la comisión alcanzó un dictámen unánime y por lo manifestado por los comparecientes, todas las decisiones en los consejos de administración de Plaza se tomaban con la información suficiente y había suficientes controles jurídicos, económicos y técnicos.

Por lo tanto, los votos sobre las responsabilidades políticas son consecuencia más de posiciones políticas previas que de lo que ha trascendido de los comparecientes, ha dicho Sada, quien, como portavoz del PSOE, ha manifestado su absoluta seguridad en la honorabilidad de sus compañeros.

Por el contrario, Antonio Torres (PP) ha hecho hincapié en que sí existen responsabilidades y no se basan en "apriorismos", sino en el desarrollo de la Comisión sobre un proyecto en cuyo proceso se han producido presuntos delitos y un quebranto económico de unos 200 millones de euros, como manifestó en su comparecencia el actual gerente de Plaza, Jesús Andreu.

Para el PP, ha remarcado Torres, existe una evidente responsabilidad política de Esco, por su continua toma de decisiones al margen, muchas veces, de la gerencia y con un proceder "personalísimo" basado en la "opacidad y oscurantismo" y evadiendo todos los controles propios de una administración pública, y también de Velasco, Vicente, Larraz y Bandrés.

Torres ha destacado el buen clima de la comisión ante un asunto que se prestaba a un debate "mucho más agreste" y ha manifestado su deseo de que la justicia desarrolle su trabajo "sin espacios de impunidad" y de que las Cortes no tengan que crear ninguna comisión de investigación más.

No han salido adelante en el pleno los votos particulares de IU que apuntaban también a la responsabilidad política de todos los integrantes del consejo de Gobierno entre 1999 y 2011 ni de los integrantes de los sucesivos consejos de administración de Plaza y del actual presidente del consejo y titular de Obras Públicas del Gobierno, Rafael Fernández de Alarcón.

Para IU, ha indicado su portavoz, Patricia Luquin, Fernández de Alarcón es responsable último de que no se presentaran alegaciones en tiempo y forma al informe provisional del Tribunal de Cuentas en 2012, con el perjuicio que deparó a la sociedad al dar lugar al denominado "Caso Caladero", algo que ha negado Torres.

Tampoco el pleno ha apoyado que tengan responsabilidades políticas solidarias los sucesivos gobiernos de Aragón presididos por Marcelino Iglesias que como órgano colegiado requería un plus de atención que no tuvo, como ha defendido CHA, cuyo portavoz, José Luis Soro, también ha manifestado su deseo de que las Cortes no tengan que crear una sola comisión de investigación más y ha subrayado que la de Plaza ha estado "a la altura".

El PAR, como el PSOE, considera que a la vista de lo manifestado por los comparecientes no se derivan responsabilidades políticas de los asuntos que se trataban en el consejo de administración de Plaza, ya que siempre estaban avalados jurídica, técnica y económicamente, lo que permitía alcanzar los acuerdos por unanimidad, ha destacado su portavoz en la comisión, Joaquín Peribáñez.

Otra cosa, ha agregado, es que se hayan cometido actos ilícitos y serán los tribunales los que decidan al respecto.

En el pleno se ha aprobado por unanimidad el dictámen pactado por la Comisión, con cinco conclusiones y dieciséis recomendaciones, entre ellas mejorar el papel de control de las Cortes sobre la gestión del sector público empresarial de la Comunidad y el establecimiento de sistemas de control aplicables a los entes de derecho público, las sociedades mercantiles del sector público y las fundaciones.

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