El Ayuntamiento insta a declarar a los pacientes de Hepatitis C como emergencia sanitaria

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción de IU por la que se ha acordado instar a declarar la situación de los pacientes afectados por Hepatitis C como emergencia sanitaria y la actuación de la empresa Gilead, propietaria de la patente del medicamento, de "anticompetitiva y monopolística".

La iniciativa ha contado con el voto en contra del PP porque, como ha destacado el concejal Fernando Ledesma, el Gobierno de Aragón "se está limitando a pagar los medicamentos que ha prescrito el facultativo" y "no existe ni un solo enfermo" al que se le haya prescrito el tratamiento y no lo reciba.

El concejal de IU Raúl Ariza ha acusado al PP de ser "traidores" a la patria y al pueblo al advertir que "se están muriendo los pacientes que no pueden acudir a los hospitales privados" y ha advertido que en Aragón hay 800 enfermos que requerirían el tratamiento y solo se proporciona a 12.

Fruto de este acuerdo, se propone realizar los trámites necesarios, con la mayor rapidez posible, sin negociación previa con el titular de la patente, para la emisión de licencia obligatoria de Sofosbuvir, autorizando el abastecimiento del mercado interno de este producto mediante la fabricación de genéricos con un precio sostenible para las arcas públicas y que garantice el tratamiento para todos los que lo necesitan según los criterios científicos y de los profesionales.

Zaragoza pide asimismo retirar la decisión voluntaria del Gobierno de España de renuncia a la importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros países, a fin de poder importar medicamentos de estos en caso de que la producción de genéricos bajo licencia obligatoria realizada en nuestro territorio no sea suficiente para cubrir las necesidades de tratamiento.

Instar a los organismos internacionales y a los países miembros de la UE a modificar la legislación de las patentes farmacéuticas, a fin de evitar los efectos perniciosos de la especulación financiera.

Por ello piden que la legislación prohíba que los costes derivados de operaciones bursátiles especulativas sean trasladados al precio de venta de los fármacos o, lo que es lo mismo, prohibir que, en última instancia, las operaciones bursátiles especulativas sean financiadas con los fondos de los sistemas sanitarios públicos.

También que se prohíba que se puedan establecer patentes privadas sobre productos que sean desarrollados en buena medida gracias a la labor de investigaciones financiadas por instituciones públicas, desarrolladas en instalaciones o centros públicos, con el concurso de profesionales de los sistemas nacionales de salud o de seguridad social y mediante ensayos en los que participen pacientes que sean captados en centros de titularidad o financiación públicas.

Zaragoza propone desarrollar una investigación farmacéutica independiente de la actual industria, al servicio únicamente del desarrollo científico y de la mejora de la salud de la población, siendo para ello de titularidad y financiación públicas y poner en marcha una industria farmacéutica pública con capacidad de hacer frente a la demanda de medicamentos de los sistemas sanitarios públicos.