Mequinenza sigue a la espera de las ayudas para cerrar la mina tras más de un año inoperativa

La historia de Carbonífera del Ebro y la mina de Mequinenza sigue alargándose a pesar que desde hace más de un año se conoce cual va a ser su final. Tras entrar en 2014 con la noticia de que Endesa se negaba a quemar el carbón allí extraído, anuncio que condenaba a la explotación al cierre, la antigua plantilla de mineros y los trabajadores que siguen vinculados a la empresa siguen pendientes, ya en enero de 2015, de que el Ministerio de Industria libere las ayudas a las que concurrieron para echar definitivamente el cerrojo a la mina.

En principio, al habilitarse esta partida, el trabajo de sellado y acondicionamiento de la zona podría suponer una carga de trabajo que alargaría el empleo para buena parte de la plantilla durante tres años más, periodo que según explica el presidente del Comité de Empresa, Francisco Montull, “daría pie a que los trabajadores de mayor edad se jubilaran y también ejecutarían las bajas incentivadas que esperan muchos, sobre todo los que se han quedado sin subsidio de desempleo” tras el cese del trabajo en la mina, que lleva más de un año inoperativa.

El Ministerio de Industria habilitó este miércoles las ayudas al carbón correspondientes al año 2014 para aquellas minas que seguirán en la actividad hasta 2018, horizonte propuesto por la Unión Europea para que las explotaciones se adapten a determinados criterios medioambientales y económicos. Sin embargo, no hubo noticia de las ayudas directas para comenzar el plan de cierre de las minas que se han quedado ya fuera del mercado, como es el caso de Mequinenza.

Los mineros lamentan que durante este largo periodo en el limbo los procesos burocráticos impuestos tanto desde el Ministerio como desde el Gobierno de Aragón hayan retrasado la resolución de esta partida. “En reuniones con el Ministerio nos dijeron que en noviembre estaría habilitada, ahora nos dicen que será durante este mes de enero, pero ya no confiamos en nada”, señala Montull.

En la actualidad, solo diez de los 33 trabajadores que tenía la mina en 2013 siguen vinculados a Carbonífera del Ebro mediante un ERE de extinción que finaliza también a final de mes. Por su parte, más de una decena se encuentran sin trabajo, algunos con el subsidio de desempleo ya finalizado, y siguen a la espera de cobrar las bajas incentivadas que contemplaba el Plan del Carbón 2013-2018: 10.000 euros lineales más 35 días por año trabajado con un tope de 30 mensualidades, mientras que ocho de los antiguos mineros han conseguido recolocarse en empresas de la zona que ya trabajaban con la mina.

“Que algunos trabajadores hayan conseguido encontrar otro trabajo tal y como está la cosa ha sido una gran noticia. Pero queda el interrogante de qué pasará con el resto y cómo quedarán los trabajos para adecuar la explotación”, explica Montull.

Casi dos años esperando

La mina de Mequinenza y sus trabajadores llevan desde comienzos de 2013 esperando que su situación se aclare definitivamente, aunque sea para echar el cierre. 2013 comenzaría para la explotación con el anuncio de que el Decreto del Carbón no contemplaba el uso de la hulla mequinenzana a no ser que un "informe independiente" avalara su calidad.

Durante años, el mineral extraído por Carbonífera del Ebro se quemó en la térmica de Escucha. Sin embargo, las instalaciones turolenses dejaron de funcionar a finales de 2012 por un cierre programado. El desmantelamiento de esa planta dejó a la mina de Mequinenza sin comprador para su carbón abriendo así un paréntesis en los más de 100 años de historia de su mina que acabaría por convertirse en un punto final después de que, tras varios estudios enfrentados, encierros en la mina, en la Basílica del Pilar, marchas, protestas y alegaciones, sus aspiraciones se vieran truncadas con el definitivo 'no' de Endesa a finales de ese mismo año, negándose a quemar su carbón en la central de Andorra debido a su composición. Una negativa que sería avalada por Industria apenas unas semanas después con la publicación de la corrección del Decreto del Carbón, que de nuevo volvía a carecer de cualquier mención a Mequinenza.

Con la noticia del cierre ya asimilada, la única opción pasaba por solicitar las ayudas para establecer el plan de cierre. Un proceso que también estuvo a punto de truncarse el pasado mes de junio cuando la empresa informó a la plantilla de que no podía esperar a que el Gobierno habilitara esta partida debido a la acumulación de deudas. La mina llevaba ya inoperativa casi 18 meses, y solo la intervención del Consejero de Industria, Arturo Aliaga, y las reclamas de los trabajadores, hicieron repensar su posición a la empresa, que ahora sigue a la espera de su desmantelamiento definitivo.