El TSJA asegura que el desahucio de Tarazona "salvaguarda las garantías jurídicas"

El desahucio de la mujer de origen sudanés que reside con su hija de ocho años en Tarazona en la casa de su marido, sobre el que pesa una orden de alejamiento por presuntos malos tratos, salvaguarda "todas las garantías jurídicas", según el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Ante la gran repercusión del caso, el tribunal ha hecho pública una declaración, en la que precisa que el lanzamiento ordenado por el juzgado, jurídicamente denominado "desahucio en precario" y que ha sido paralizado de forma temporal, fue ordenado ya que la "demandada ocupa la casa sin autorización legal alguna".

El tribunal explica que, cuando la mujer, de origen sudanés igual que su marido, presentó en 2013 la denuncia por malos tratos, la jueza dictó una medida cautelar en la que acordaba una orden de alejamiento sobre su esposo, en la que "no hacía mención a la hija" de 8 años del matrimonio, que residía en Sudán por entonces.

Aclara que tampoco se le adjudicó la vivienda, ni se estipuló pensión alguna, ni para la madre ni para la hija, y que la titular del juzgado de instrucción de Tarazona envió diversas citaciones a la mujer, que salió un "tiempo" de España, para que se personara en el juzgado con el fin de seguir adelante con el procedimiento de desahucio y no respondió.

La jueza ignoraba su paradero, hasta el punto que fue puesta en rebeldía, señala el TSJA, que resalta que la mujer ni compareció, ni pudo solicitar asistencia jurídica gratuita, una petición que hizo en noviembre "cuando habían finalizado los plazos legalmente establecidos para ello".

La orden de protección a víctimas de malos tratos supone que la víctima tiene la obligación de comunicar al juzgado cualquier cambio, recuerda el alto tribunal aragonés, que precisa que este caso no puede ser contemplado dentro de los supuestos establecidos en el convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación de Municipios y Provincias.

Este acuerdo, añade, está contemplado para casos de desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias o por impago de rentas de alquiler.

Se trata del tercer lanzamiento ordenado judicialmente habiéndose suspendido hasta el momento los tres, uno el 19 de septiembre, el 28 de noviembre y 12 de diciembre.