Jardineros de Zaragoza reivindican ante el PP la retirada de las sanciones por el escrache
La plantilla asegura que fue un acto pacífico y reivindicativo de la pasada huelga indefinida.
Los trabajadores de FCC de Parques y Jardines se concentran este jueves frente a la sede del PP de Zaragoza para exigir la retirada, por parte del delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, de los expedientes incoados y la sanciones interpuestas en el escrache al vicealcalde, Fernando Gimeno, el pasado 1 de mayo.
En una nota de prensa, los representantes de la plantilla de trabajadores aseguran que "fue un acto totalmente espontáneo, pacífico y de marcado carácter reivindicativo, uno de los más de cien actos realizados durante la pasada huelga indefinida que duró treinta días".
A juicio del comité de empresa, Gustavo Alcalde "hizo gala, adelantándose a la tramitación de la denostada 'Ley Mordaza', de su poco carácter democrático intentando criminalizar las legítimas protestas de la plantilla de FCC parques y jardines".
"Mientras el Partido Popular concede el tercer grado a delincuentes que fueron miembros de su partido en contra de la opinión de la Fiscalía, o mandan mensajes de ánimo y tranquilidad a tesoreros corruptos, no dudan en sancionar injustamente a los ciudadanos que luchan por defender sus derechos y una sociedad más justa y equitativa", denuncian los jardineros de Zaragoza.
Los afectados son más de treinta personas, jardineros y personas que mostraron su solidaridad con la lucha del colectivo de trabajadores, a los que la Delegación del Gobierno solicita una multa de 10.000 euros por desórdenes públicos, insultos contra la autoridad y alteración del orden público, entre otros, señalan las fuentes.
Según los afectados, el delegado del gobierno, a quien piden su dimisión, sigue desestimando las alegaciones interpuestas ante las propuestas de resolución y han comenzado a recibir sanciones de 302 euros por persona.
La plantilla valorará próximamente llevar los hechos al tribunal de lo contencioso administrativo o la decisión de ejercer desobediencia civil ante lo que consideran "un atentando contra la libertad de expresión y reunión" y advierten de que "las políticas de criminalización no callarán sus reivindicaciones".
