El juez del Juzgado de Instrucción número dos de Teruel ha decidido reabrir la investigación sobre el accidente aéreo ocurrido el 19 de marzo de 2011 entre las localidades de Villastar y Cubla en el que seis brigadistas murieron y otro resultó gravemente herido al estrellarse contra el suelo el helicóptero en el que se dirigían a apagar un incendio.

El magistrado, Jorge Cañadas, revoca así el sobreseimiento libre que él mismo había dictado anteriormente sobre la causa y que fue recurrido por familiares de tres de los fallecidos y por el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac). En su auto de reapertura de las diligencias señala que la pieza del helicóptero que falló provocando el mortal accidente -un servoactuador cuya función es facilitar la maniobrabilidad de la aeronave- estaba sujeta a una inspección obligatoria que no se realizó.

El juez se apoya en el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac) -dependiente del Ministerio de Fomento-, del que se desprende que el fallo mecánico que originó el siniestro se hubiera evitado revisando la pieza, tal y como requerían el fabricante de la misma y el del helicóptero en sendos boletines de servicio emitidos el año 2005 ante las sospechas de un defecto en el montaje de sus componentes. El helicóptero se fabricó en 2008, pero en mayo de 2010 uno de los servoactuadores originales se sustituyó por otro que sería el que un año y medio después se estropearía haciendo que el aparato se estrellara.

Cañadas estima que existen indicios racionales de "conducta criminalmente negligente" en las personas encargadas de cumplimentar la revisión de la pieza y dirige el procedimiento contra el fabricante de la misma, Woodward HRT, y el del helicóptero, Bell Helicopter, ambas ubicadas en Estados Unidos. El juez descarta expresamente que la compañía operadora, la española Inaer Helicópteros, tenga alguna responsabilidad en el suceso, al entender que esta empresa debió recibir la pieza de manos de Bell Helicopter lista para su puesta en servicio.

A la Fiscalía de Estados Unidos

Así las cosas, la Justicia turolense podría tener que interponer una comisión rogatoria internacional a través de la cual solicitar al Fiscal General de Estados Unidos su colaboración en el esclarecimiento y depuración de responsabilidades en el accidente de Villastar, una medida compleja que podría eternizar el proceso. No obstante, las partes personadas en la causa disponen ahora de 10 días para proponer al Juzgado la práctica de nuevas pruebas.

Las familias de las víctimas aplauden la reapertura del caso, pero lamentan el retraso que arrastra la instrucción más de 3 años después del accidente. El abogado de la viuda de uno de los fallecidos, José Vicente Gracia, anunció ayer que solicitará el nombramiento de un perito judicial que elabore un informe en el que se indique quién o quiénes debieron inspeccionar el servoactuador y determine, por tanto, los posibles responsables.

Marisol Salafranca, madre de una de las víctimas, sostuvo ayer que el siniestro se debió "a una cadena de errores". "Queremos que se investigue todo y que si alguien debe ir a la cárcel, vaya", manifestó. A su juicio, lo ocurrido "no fue un accidente fortuito; pudo haberse evitado". "A nosotros nos han destrozado la vida; lo que pasó no puede olvidarse sin más", agregó.