La investigación del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel para esclarecer una presunta trama de exportación ilegal de medicamentos apunta a que las farmacias intervenidas habrían vendido a las mafias, supuestamente, más del 50% de algunos de los medicamentos que adquirían en los almacenes. Ello supone que menos de la mitad serían dispensados a los pacientes.

El dato fue aportado por el Servicio de Farmacia del Sistema Aragonés de Salud e incorporado al sumario de la causa judicial, parte del cual ha sido dado a conocer esta semana al haber levantado el juez instructor, Jerónimo Cano de Lasala, el secreto de las actuaciones. Esta información puso a la Guardia Civil sobre la pista de aquellas oficinas de farmacia que, supuestamente, podrían haber cometido tráfico ilegal de medicamentos.

El estudio del Servicio de Farmacia compara, en el periodo de

enero de 2010 a junio de 2014, el volumen de compras de algunos medicamentos a almacenes por parte de las boticas y la cantidad de los mismos productos que estas últimas facturaron al Salud por haberlos dispensado a los pacientes. Concluye que cuando las medicinas no cobradas al sistema sanitario superan el 50% de la compra global, existen indicios de que una oficina ha podido adquirir la mercancía "para fines diferentes a la dispensación de recetas". Más adelante señala que el dato lleva a suponer que la farmacia ha podido realizar "algún tipo de tráfico ilícito con determinados medicamentos".

La investigación se ha hecho con un listado de medicinas con antecedentes de haber sido utilizadas para la venta ilícita. Suelen ser productos sin sustitutivo y muy demandados en otros países por su alto precio, al no estar subvencionado por el Gobierno. El estudio añade que la marcada diferencia entre los productos comprados y los facturados al Salud es injustificada y no puede explicarse por la dispensación de recetas de médicos privados ni por la facturación a mutualidades, pues estos conceptos son mínimos.

De las farmacias investigadas, las que presentarían mayor desproporción entre las medicinas compradas a almacenes y las facturadas al Servicio Aragonés de Salud serían las de Cariñena, Peñarroya de Tastavins y Palomar de Arroyos, las dos últimas en Teruel. Les siguen, entre otras, Arcos de las Salinas y Alloza, en Teruel, Vera del Moncayo, en Zaragoza, así como Fuentespalda (Teruel), Aguilón (Zaragoza), Alcalá de la Selva (Teruel), Mosqueruela (Teruel) y cuatro de la capital aragonesa.

El modus operandi consistiría en que las farmacias compran medicinas masivamente a los almacenes y se quedan solo con una pequeña parte de las mismas para dispensar con receta, mientras que el resto va a parar a distribuidoras pero camufladas como productos de ortopedia o de higiene. Estos almacenes, a veces intermediarios de otros, destinarían los medicamentos a la exportación.

Seis nuevos detenidos

La operación policial sigue abierta. Hoy declararán ante el juez de Teruel seis personas -almacenistas y farmacéuticos- de Cuenca, Sevilla y Alicante, detenidas tras el cierre de dos farmacias en Sevilla, otra en Pamplona y una cuarta en Cuenca, más dos almacenes en Sevilla y Alicante.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, explicó ayer en las Cortes cómo su departamento detectó el fraude en otoño de 2013 en la farmacia de Palomar de Arroyos y cómo derivó la investigación a la Guardia Civil, que finalmente daría lugar a la operación Pharmakon. En respuesta a las quejas de la oposición por la "tardanza en reaccionar", el popular defendió que fueron los servicios de inspección los que a raíz de la queja de un paciente, constataron que había 190 recetas no dispensadas, con un fraude inicial de 3.475 euros. Solo esa oficina de farmacia, que daba de baja los fármacos sin dispensarlos realmente para revenderlos posteriormente, ha defraudado 139.000 euros a la DGA, según cifró el consejero, que no pudo ofrecer más datos por estar el resto bajo secreto de sumario.