Justo el día en el que las previsiones meteorológicas anuncian una notable bajada de temperaturas y las primeras nieves en el Pirineo, el Ayuntamiento de Zaragoza va a firmar un convenio de colaboración con Endesa para "coordinar y agilizar el pago de ayudas y evitar así cortes de suministro de electricidad y gas a personas en situación de vulnerabilidad social que no puedan hacer frente al pago de los recibos".

Este acuerdo será un alivio para muchos de hogares de la capital, donde -según un reciente estudio de exclusión residencial- existen hasta 26.150 viviendas que sufren la llamada "pobreza energética". Esta es la que se refiere a todas aquellas familias que no pueden satisfacer sus necesidades de energía ni permitirse económicamente mantener la vivienda con una temperatura adecuada en los meses fríos.

El convenio firmarán en el Ayuntamiento el concejal de Acción Social, Roberto Fernández, y el director general de Endesa en Aragón, Jaime Gros, es semejante a los que ya funcionan en otras ciudades, como Huesca y Teruel, y se ampliará en lo sucesivo con otras compañías suministradoras de energía eléctrica, con las que ya se está negociando.

Fernández explicaba ayer que este tipo de subsidios municipales antes no excedían nunca los 100 euros y, a partir de ahora, "se tramitarán como si fueran una ayuda de urgente necesidad más", por lo que se podrán pagar facturas con un margen máximo de 750 euros. Para beneficiarse de esta ayuda, las familias requieren que los Servicios Sociales avalen que, efectivamente, sufren una situación de pobreza energética y que no tienen medios económicos para hacer frente a las facturas. "Se estudiará cada caso individualmente, como se hace con las ayudas de urgente necesidad", informó Fernández.

Margen para los trámites

Según explicó el responsable municipal, cuando a los afectados les llegue el aviso de corte de suministro, podrán ir con el documento avalado de los Servicios Sociales municipales a las oficinas de Endesa para que la compañía pase el recibo al Ayuntamiento, que se hará cargo. Así se evitará que se den "situaciones dramáticas", según el responsable de Acción Social, dado que los plazos de la la tramitación de las ayudas se dilatan más que los de los cortes por impago. So pena de que volver a dar de alta posteriormente al usuario suma otro recargo más.

En la actualidad, si un abonado no paga la factura, la compañía le avisa a los veinte días de que debe regularizar su situación y -en caso contrario- procede al corte del abastecimiento poco tiempo después, sin margen para tramitar la ayuda y saldar la deuda.

Fue el pasado mes de septiembre cuando los grupos aprobaron en el pleno una moción de CHA en la que se solicitaba que el Consistorio "garantizase el suministro de luz y gas a las familias en situación de vulnerabilidad". Su portavoz, Juan Martín, explicaba ayer que la formación nacionalista venía desde mayo solicitando este convenio, tras comprobar cómo habían aumentado las solicitudes para este tipo de ayudas. CHA expone que en 2013 las ayudas contra la pobreza energética se incrementaron un 118% y las arcas municipales apenas destinaron 98.000 euros para atenderlas.

Además, este año ha continuado la escalada de solicitudes y, hasta el pasado mes de julio, volvían a crecer un 55,4%: de 561 a 872. Igualmente siguen subiendo de forma considerable las peticiones de apoyo económico para pagar el gas: un 48,2% más que en 2013.

La pobreza energética, por tratarse de "un fenómeno creciente en el actual contexto de crisis", también ha sido objeto de alguno de los últimos escritos que el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha enviado a las administraciones. En septiembre la DGA aceptó la sugerencia en la que García Vicente instaba a la administración autonómica a estudiar y analizar los problemas que afectan a los usuarios de los servicios de suministro de energía, "en su desigual relación con las empresas de producción, comercialización y distribución del sector".

Subidas de precios

De hecho, en el debate municipal en el que se aprobó la moción para propiciar convenios como el que hoy se firma CHA puso el acento en que "la cuestión de fondo es el sistema de fijación de precios y los oligopolios en materia energética" y se criticó también la subida de un 8% que la luz experimentó en julio. Estos incrementos golpean a las clases más desfavorecidas y, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2013, el 15% de los hogares aragoneses no pueden mantener su vivienda suficientemente templada en invierno y sufren dificultades para costear sus necesidades básicas de energía.

En toda España se calcula que son un 18% los hogares que sufren pobreza energética y que una cuarta parte de las familias con ingresos inferiores a 15.000 euros al año no encienden la calefacción porque no pueden pagarla. El INE también indica que los hogares aragoneses destinan, de media, 750 euros al año a pagar las facturas de electricidad, otros 300 anuales para los recibos del gas, y en torno a 280 euros al año para adquirir combustibles líquidos.