La DGA quiere aprobar la ley de capitalidad, que debe redefinir el estatus y las competencias de Zaragoza ciudad, antes de que concluya la legislatura. Los partidos que sustentan al gobierno tienen claro que la capital ha de gozar de un régimen especial, como recoge el Estatuto de Autonomía de Aragón, y pese a que restan apenas siete meses para las elecciones, se muestran convencidos de poder sacar adelante la norma. La elaboración de este proyecto de ley, una asignatura pendiente desde 1999 y en el que han fracasado uno a uno los sucesivos ejecutivos, es uno de los compromisos de gobierno de la coalición PP-PAR. Así constaba en el pacto suscrito en su día por la presidenta Luisa Fernanda Rudi y el principal dirigente de los aragonesistas, José Ángel Biel. 

Ambos partidos habrían consensuado ya un borrador que pretenden aprobar muy pronto en Consejo de Gobierno, a más tardar dentro de dos semanas, dado lo apurado de los plazos. Cumplido el trámite, comenzará la verdadera negociación: la que tendrá que entablarse con el Ayuntamiento de Zaragoza. Fuentes del Ejecutivo reconocieron que"aún no se ha hablado" con el Consistorio, el principal interesado y afectado por la futura normativa. 

La intención, según dijeron, es iniciar "conversaciones formales" con el Ayuntamiento antes de remitir el proyecto de ley a las Cortes para su tramitación, con el objetivo de intentar que el documento sea lo más consensuado posible. De partida, el escenario no es el más factible. Tras tres años y medio de mandato, el Gobierno autonómico ha esperado hasta final de legislatura para culminar la ley y a lo ajustado de las fechas se suma la cercanía electoral, que complicará aún más el entendimiento entre dos administraciones de diferente color político. 

Está por ver qué competencias asigna finalmente la futura ley a la capital aragonesa, entre ellas si blinda las políticas sociales, y cómo se articula esa mayor dotación competencial. Pero el escollo principal será sin duda la financiación, una cuestión que ha bloqueado hasta la fecha su aprobación y que se hace aún más compleja en estos momentos de austeridad. 

Hay que recordar que en el último debate del estado de la ciudad los grupos municipales aprobaron por unanimidad una propuesta en la que solicitaban un empujón a la ley y que se formara un grupo de trabajo para consensuar el texto definitivo. Entendían que la regulación respondía a"una realidad aplastante" por población y recursos y que no haría otra cosa que"hacer legal lo que ya es real".