Protesta de los trabajadores de los centros de menores

Los trabajadores del Centro de Observación y Acogida han protagonizado este lunes una concentración ante la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), contra la "precarización" de los centros de protección de menores de Aragón. 

La movilización se realiza ante los nuevos pliegos de condiciones de los centros de protección de menores en riesgo social que ha publicado la Diputación General de Aragón (DGA). Fuentes del IASS negaron que vayan a empeorar las condiciones de trabajo de los empleados puesto que "los mismos profesionales van a seguir desarrollando las mismas tareas y en las mismas condciones", aseguraron a través de un comunicado.

La protesta se ha celebrado "en defensa de la dignidad de los niños protegidos en Aragón, contra el recorte de recursos para atención inmediata y necesidades básicas, y contra el maltrato institucional"

Los trabajadores del Centro de Observación y Acogida, gestionado por Fundación de Ayuda Integral al Menor, han advertido de que los pliegos "no sólo perjudican a los asalariados, sino que afecta de forma directa a los derechos de las y los menores en protección". 

Una delegación de IU Aragón, encabezada por su responsable de Políticas Sociales, Paloma Lafuente, y el representante de IU en la Comisión de Acción Social en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha participado en la concentración. 

Paloma Lafuente ha explicado en una nota de prensa que, tras haber recibido numerosas quejas de los educadores que atienden directamente a los menores, "no podemos sino sumarnos a la presentación de alegaciones para tratar de enmendar este recorte de la DGA que afecta a los niños y niñas más vulnerables de la Comunidad, en situación de riesgo social". 

IU ha señalado que el "tijeretazo" supondrá "menos recursos, más atribuciones y menos personal, que redundará en una peor asistencia a estos niños y niñas, impidiendo el objetivo final de estos centros, que es el desarrollo personal y social de las personas menores que pasan por momentos difíciles". 

Según aclaró el IASS a través de una nota de prensa, el pasado día  3 de octubre se publicaron en el BOA los anuncios de licitación de los contratos de gestión educativa de los centros propios de atención a menores tutelados por el Instituto y de la gestión integral de los pisos tutelados y hogares infantiles también de menores, al finalizar la vigencia de los actuales contratos.

Según el IASS, los nuevos pliegos de licitación "recogen mejoras en la atención a los menores tutelados por la administración", dado que, según dicen, se adaptan los perfiles de los recursos residenciales a las necesidades actuales de los menores y se incluyen mejoras que favorecen la integración social y formación sociolaboral de los mismos.

En un primer momento, se planteó la posibilidad de prorrogar durante 4 años más los contratos vigentes, tal y como se recogía en los contratos anteriores. Pero después de las negociaciones, añade la nota del IASS, el informe preceptivo de la Dirección Generalde Servicios Jurídicos para proceder a la prórroga de los contratos fue desfavorable, pues a pesar de que consideraba adecuado el ajuste económico y la asunción de las tareas descritas por las entidades contratantes, no consideraba legal la prórroga por las titulaciones del personal educativo de atención directa a los menores.

En concreto, los anteriores pliegos definían que este personal debería tener la titulación oficial o la habilitación profesional en la categoría de Educador Social, admitiendo una moratoria de cuatro años para que los educadores contratados consiguiesen esa titulación. Los nuevos pliegos de la prórroga definían la categoría profesional como Educador, atendiendo a la normativa nacional y ello, según el informe jurídico, suponía una modificación sustancial del contrato y por lo tanto no podía llevarse a efecto tal prórroga.

Es por ello, que desde el IASS se tomó la decisión de no prorrogar los anteriores contratos y sacar una nueva licitación pública en la que se recogían las propuestas de mejora consensuadas en su momento con las entidades contratantes.

Los nuevos pliegos, según el IASS, "mantienen  en su integridad a todo el personal que presta servicios en los centros. De hecho es obligatoria la subrogación de todo el personal: educadores, gobernantas, etc". También se mantienen las categorías profesionales "sin menoscabo de la formación o especialización". 

Además, "los trabajadores de los centros -según el comunicado del IASS- mantienen en su integridad sus derechos laborales, pues así se recoge en la cláusula de subrogación, pues se subrogan también todos los derechos adquiridos: salarios, horario, permisos, vacaciones, formación, etc".