El Justicia admite a trámite las quejas vecinales contra un plan de urbanización en Garrapinillos

El Justicia de Aragón ha admitido a trámite una queja contra el Ayuntamiento de Zaragoza por los cambios y la falta de información a los vecinos afectados por el planqy de urbanización PK-65-2 de Garrapinillos, que afecta a Condes Fuentes, La Sagrada y el Cañón. Esta es ya la segunda vez que la institución autonómica reclama al Consistorio datos sobre los cambios en el proyecto y el elevado incremento de los costes para los propietarios de las parcelas que están incluidos en los planes de urbanización, dado que muchos de los vecinos no podrían hacer frente a los gastos, que han pasado de 11.200 euros por parcela a más de 30.000 euros. Se cuenta, además, con el agravante de que todavía están sin contabilizar algunas partidas del proyecto, que pueden duplicar los costes, y que ya está tramitando la sociedad municipal Ecociudad.

Esta situación, y según consta en el escrito remitido al Justicia, ha hecho temer a vecinos de las urbanizaciones incluidas en el PK-65 que puedan perder sus actuales viviendas al no poder hacer frente a los gastos y a las condiciones impuestas. El Ayuntamiento, a través de la mencionada empresa pública, pretende seguir adelante con los trámites incluso sin estar depositado el 70% de los costes totales, "como desde el principio planteó el Consistorio y así consta en un escrito dirigido a los vecinos". La asociación de propietarios del sector agrupa a unos 250 de los 370 afectados, que ya en junio presentaron objeciones al proyecto. Hasta la garita

El escrito solicita al Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, que "investigue las razones por las que el Ayuntamiento se está saltando a la torera hasta su propio procedimiento y sus plazos". En el documento se critica que el proyecto de urbanización de la zona del PK-65 incluya "hasta garita de portería, salas de reuniones con aire acondicionado, una zona verde a 2,5 kilómetros de la urbanización, 531 árboles solo en calles y servicios", que no han sido aprobados por la mayoría de los propietarios y que "solo están al alcance de algunos".

Asimismo, la queja pide "al Justicia de Aragón que el Ayuntamiento explique por qué ahora permite un proyecto con una obras desproporcionadas y superfluas con unos costes difíciles de asumir cuando el objetivo de estos planes era legalizar de forma asequible la situación en la que estaban estas parcelas". Añaden, además, que el propio Consistorio se comprometió a ser "garante para impedir operaciones que pudieran tener carácter especulativo".