Los registradores mercantiles tomarán el relevo en 2015

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de julio el real decreto ley por el que se delega en los registradores mercantiles la gestión del Registro Civil, del que ahora se encargan los jueces. Ese cambio de manos (solo de gestión, porque la titularidad seguirá siendo pública) se va a ejecutar en varias fases: hasta julio de 2015, todo seguirá igual, ya que se aprovechará este tiempo para desarrollar una nueva plataforma tecnológica que informatice los trámites; entre julio de 2015 y enero de 2017, los registradores se harán cargo de las nuevas inscripciones pero los jueces y funcionarios judiciales continuarán expidiendo las copias de certificados antiguos y colaborando en la reorganización del servicio. Finalmente, a partir del 1 de enero de 2017, el Registro Civil será íntegramente gestionado por los registradores mercantiles, según explicó durante la presentación de este calendario el subsecretario de Justicia, Juan Bravo. Matizó también que todos los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano.


Los ciudadanos acuden a los Registros Civiles para inscribir  nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, etcétera. A nivel nacional, estos gestionan en torno a 3,3 millones de trámites al año. Según la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), el de Zaragoza concluyó 2013 con un total de 111.259 asuntos, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior, cuando se tramitaron 113.788.


El Registro de Civil de la capital aragonesa cuenta actualmente con dos juezas, una titular y otra de apoyo, y está ubicado en el antiguo edificio de almacenes Gay de la calle de Alfonso I.Críticas y movilizaciones

De las 5.600 personas (440 jueces, cerca de 400 secretarios judiciales y 4.800 funcionarios judiciales) que gestionan ahora los registros civiles de toda España se pasará a una plantilla de apenas 1.600: los 120 registradores mercantiles que hay en España y su personal contratado. 


Durante los últimos meses, han sido continuas las críticas y movilizaciones de funcionarios y otros colectivos vinculados con la Justicia oponiéndose a la «privatización» de los Registros Civiles. Porque los registradores mercantiles son funcionarios, aunque de un tipo particular: acceden por oposición y dependen del Gobierno, pero no cobran un sueldo público sino aranceles a sus clientes, y contratan a sus propias plantillas.