El juez rechaza la suspensión cautelar de la adjudicación de la residencia de Caspe

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Zaragoza ha denegado la suspensión cautelar de la adjudicación de la residencia y el centro de día de Caspe. La Fundación Rey Ardid había solicitado la medida dentro del contencioso que presentó contra el acuerdo plenario que encomendó la gestión de ambos equipamientos a la Fundación para el Desarrollo Social. Sin embargo, su petición ha sido rechazada, lo que significa que esta entidad vinculada al PAR –dos de sus tres patronos son activos militantes de la formación aragonesista– podrá poner en marcha la residencia y el centro de día a la espera de que se resuelva el recurso de Rey Ardid.

Lo normal es que la sentencia se dicte en unos diez meses y que sea recurrida, por lo que es muy probable que la decisión definitiva sobre si el concurso se ajustó o no a derecho se retrasará tres o cuatro años. Ese fue uno de los argumentos principales esgrimidos por la Fundación Rey Ardid –organización presidida por el socialista Alfonso Vicente– para pedir la medida cautelar. Sin embargo, el juez ha valorado que suspender la adjudicación supondría que durante todo ese tiempo la residencia y el centro de día seguirían cerrados, lo que dejaría sin esos servicios a las personas que los necesiten.

Además, el auto del magistrado destaca que la suspensión no beneficiaría a ninguna de las partes implicadas en el litigio y que la recurrente no sufrirá ningún perjuicio «irreparable o de difícil reparación» si finalmente los tribunales  estiman su contencioso y le adjudican la gestión de la residencia y el centro de día. «Una vez dictada la sentencia estimatoria, la gestión podría pasar a la Fundación Rey Ardid», subraya el juez, que recuerda que el contrato durará 15 años.

Inicialmente, la mesa de contratación seleccionó la propuesta de Rey Ardid por ser la más ventajosa económicamente. Sin embargo, la Fundación para el Desarrollo Social pidió revisar las valoraciones. El Ayuntamiento de Caspe, gobernado por el tripartito que forman Compromiso Por Caspe, el PP y el PAR, accedió a esa petición.

Tras recibir diversa documentación, los servicios técnicos y jurídicos del Consistorio concluyeron que el proyecto elegido inicialmente «adolece de graves defectos de previsión que lo hacen inviable desde un punto de vista asistencial, técnico y, sobre todo, económico mostrándose deficitario desde un primer momento».

A la vista de ese dictamen, la mesa de contratación decidió rechazar la oferta de Rey Ardid y proponer como adjudicataria a la Fundación para el Desarrollo Social.  No obstante, ya entonces la representante socialista y la oficial mayor recordaron que la ley obliga a que, para poder ponderar una baja temeraria en una licitación en la que hay varios criterios de valoración, es necesario que el pliego de condiciones que lo regula contenga previsiones objetivas al respecto.

Al igual que el PSOE, Rey Ardid considera que ese requisito no se cumplió y por eso interpuso un contencioso contra el acuerdo plenario que resolvió el concurso.