La Fiscalía pide el archivo del caso Caladero porque «no ha habido perjuicio» al erario

La misma Fiscalía Provincial de Zaragoza que impulsó el caso Caladero ha pedido ahora a la juez que investiga el desfase millonario en las obras de la factoría de pescado de Plaza que lo archive al considerar que «no hay datos suficientes» que sostengan una posible prevaricación, que los trabajos se ajustaron a las necesidades del proyecto, «con precios adecuados», y, además, «no ha habido perjuicio al erario». El Ministerio Público va mucho más lejos en su escrito al cuestionar abiertamente al Gobierno de Rudi, al que recrimina su «tardanza» en justificar la operación al Tribunal de Cuentas, lo que provocó la intervención fiscal y la apertura de diligencias penales. De esta forma, se suma en las críticas a la oposición y a los propios imputados.

El escrito, del pasado 9 de julio, pone en evidencia en dos folios al Ejecutivo PP-PAR, que alegó fuera de plazo y tardó ocho meses en responder a los reparos legales apuntados por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de la gestión de la DGA en 2008 y 2009. Uno de los contratos revisados en 2012 por el órgano fiscalizador afectaba a una de las fases de la factoría de Caladero en Plaza, de cuya construcción se encargó la sociedad pública Plaza Desarrollos Logísticos (PDL) y que sufrió un desfase de 3,3 millones de euros.

Pese a que se le dio audiencia, la DGA no remitió las alegaciones que la sociedad pública había preparado en tiempo y forma, en junio de 2012, pese a que Intervención disponía del escrito. Nunca se llegó a enviar «por un error administrativo interno», según aseguraron fuentes oficiales de la DGA a este diario en febrero de 2014. Como no se rebatieron los reparos legales, estos se hicieron firmes, se cerró el informe en noviembre de 2012 y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas remitió el caso Caladero a principios de 2013 a la Audiencia de Zaragoza por considerar que había indicios de delito penal. Y sus argumentos fueron asumidos por el fiscal jefe provincial y, finalmente, la juez de Instrucción número 3 acabó imputando por prevaricación a los cuatro administradores de PDL en ese periodo: los ex altos cargos de la DGA Carlos Esco y Santiago Coello, la responsable de empresas participadas de la Corporación de Empresas Públicas, Pilar Valdivia, y el exdirector financiero de Plaza, Pedro Colás.

El escrito de la Fiscalía Provincial recuerda que mucho más tarde, en marzo de 2013, la DGA informó al Tribunal de Cuentas de que «no existía irregularidad contable alguna, ni merma en las cuentas públicas». Lo hizo en respuesta al caso contable que, en paralelo al penal, abrió el órgano fiscalizador y cerró el pasado mes de febrero al no apreciar «menoscabo» a los fondos públicos «una vez que por fin se recibió la documentación requerida».

Por ello, el Ministerio Público señala que «no comprende muy bien la tardanza» en remitir la documentación requerida para justificar el contrato y sus posteriores modificaciones, que elevaron el coste de 11,2 a 14,5 millones. A su juicio, «más que previsiblemente hubiera evitado el tanto de culpa remitido por dicho Tribunal a la Fiscalía».

No obstante, incide en que la «mecánica privada de actuación» de Plaza Desarrollos Logísticos puede ser válida para una empresa privada, pero al tratarse de una sociedad con fondos públicos debería ser objeto de «un especial cuidado y extremarse en lo posible el aspecto formal para una mayor transparencia, garantía y despejar toda duda en la actuación». En este sentido, apuntó que esta actitud se debe mantener aunque la situación justifique los cambios y la sociedad pública se rija por el derecho civil o mercantil.